A pesar de la reciente reforma al artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre, los delfinarios de Quintana Roo podrán continuar sus actividades recreativas hasta que los ejemplares que actualmente albergan lleguen al final de su ciclo de vida. Sin embargo, para operar legalmente, cada centro deberá inscribir en un plazo de 90 días a todos sus mamíferos marinos ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y renunciar a cualquier programa de reproducción.

La enmienda prohíbe espectáculos con mamíferos marinos en cautiverio y establece que los animales existentes, debidamente registrados en una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), permanecerán bajo cuidado humano, sin posibilidad de adquirir más ejemplares ni cruzas. El inventario obligatorio debe incluir datos como nombre científico, marcas de identificación, sexo, edad y procedencia, así como el estado reproductivo de las hembras y, en caso de nacimiento en cautiverio, la fecha de alumbramiento y la filiación de los progenitores.

El incumplimiento de los nuevos lineamientos implicará la revocación de los permisos UMA por parte de Semarnat y sanciones a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Asimismo, la autoridad ambiental publicará criterios para determinar hasta qué edad se considera a un ejemplar “cría”, y obligará a garantizar condiciones de trato digno y respetuoso hasta la muerte de cada mamífero.

Óscar Rébora Aguilera, secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, afirmó en entrevista que desde hace tiempo se trabaja en dos caminos complementarios —el jurídico y el técnico— para adecuar la operación de los delfinarios al nuevo marco legal. “En lo personal considero que estos centros deben dar paso a un modelo en el que quede claro que no pueden capturar, comprar ni reproducir mamíferos marinos”, señaló.

El funcionario destacó que, dentro del equipo que impulsa la Ley General de Protección Animal, existen dos acuerdos ineludibles: primero, que mantener cetáceos en cautiverio ya no resulta viable; y segundo, que se incorpore el principio de trazabilidad para llevar un registro detallado de cada ejemplar, desde su ubicación hasta su estado de salud a lo largo de su vida.

Al cuestionarle si esta transición llevará al cierre definitivo de los delfinarios, Rébora explicó que la reforma no demanda su clausura inmediata, pero sí establece la prohibición de espectáculos con estos animales y la reproducción en cautiverio. “No estamos cerrándolos de golpe, pero sí vamos encaminando la regulación hacia ese punto; cada vez es más claro que los mamíferos no pertenecen a espacios confinados”, agregó, remitiéndose a recientes debates legislativos que han reacendido el tema.

Sobre el futuro de los actuales ejemplares, el secretario consideró inviable liberarlos directamente en el mar, pues ello podría poner en riesgo su supervivencia. En cambio, planteó la creación de santuarios especializados, donde puedan pasar el resto de su vida en un entorno protegido. Para ello, dijo, será necesario que el Estado fomente y financie estos refugios, mientras que las generaciones presentes de mamíferos marinos sigan bajo cuidado controlado y con fines de estudio científico.

Con esta reforma, el gobierno federal refuerza su compromiso con la conservación de la vida silvestre, la transparencia de los delfinarios y la protección de los derechos de los animales marinos, alineando la operación de estas instalaciones turísticas con estándares más estrictos de bienestar y manejo ambiental.