La muerte de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández ha desatado un intenso debate político en Veracruz. Según el dictamen del médico legista José Eduardo Márquez, un análisis interno determinó que la víctima presentaba afectaciones en el corazón compatibles con un infarto, mientras que el examen externo reveló múltiples contusiones en distintas partes del cuerpo.

Estos hallazgos se suman a la investigación de su secuestro por parte de un grupo criminal que presuntamente extorsiona a taxistas de la región y la obligó a grabar un video para amenazar a sus compañeros.

La gobernadora Rocío Nahle presentó públicamente los resultados del peritaje forense para zanjar especulaciones sobre la causa del fallecimiento. Al referirse a las críticas de algunos medios y opositores, advirtió contra quienes, a su juicio, intentan perjudicar su gestión política “lucrando con una tragedia”. Nahle calificó como un “nado sincronizado” la campaña orquestada desde la Ciudad de México para resaltar episodios de violencia en Veracruz, incluso en jornadas con un solo homicidio.

En su mensaje, la mandataria enfatizó que el caso de Irma Hernández –víctima de secuestro y violencia antes de su deceso– difiere de cualquier caso de muerte natural al interior del sistema penitenciario o en un accidente: aquí existieron agresiones físicas previas al infarto. De este modo, reforzó la necesidad de combatir las redes criminales que operan contra el gremio de taxistas y de proteger a los ciudadanos frente a campañas de desinformación.