En una audiencia que tuvo lugar el lunes 15 de septiembre y se extendió por aproximadamente cuatro horas, la jueza de control Ana Maribel de Atocha Huitz May, titular del Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Primera Instancia en Campeche, resolvió prolongar por tres meses más las medidas cautelares de censura previaimpuestas contra la Organización Editorial del Sureste —responsable del periódico Tribuna de Campeche— y, en esta ocasión, aplicarlas igualmente al periodista Jorge González Valdez.

La resolución mantiene la obligación de someter a revisión previa cualquier nota o publicación relacionada con la gobernadora Layda Sansores San Román. Según lo acordado, los contenidos deberán enviarse a un censor designado por el Poder Judicial antes de su difusión, y el órgano revisor contará con un plazo máximo de 30 minutos para emitir observaciones, solicitar modificaciones o, en su caso, prohibir la publicación en la plataforma digital.

El acuerdo judicial establece que la finalidad de la medida es impedir la difusión de contenidos que el tribunal considere “ofensivos” o “discriminatorios” hacia la gobernadora. En caso de incumplimiento de este mecanismo de revisión previa, la responsabilidad recaerá sobre el representante legal de la empresa editorial y sobre el propio periodista Jorge González Valdez.

Con esta determinación, el esquema de supervisión y censura previa se ratifica y amplía, dejando bajo supervisión directa tanto al medio digital Tribuna como al comunicador durante un periodo adicional de tres meses. La medida vuelve a poner en el centro del debate público las tensiones entre decisiones judiciales, la regulación de contenidos y la libertad de expresión en el estado de Campeche.