Justicia ambiental significa que las decisiones ambientales deben ser tomadas con la participación de quienes viven en el territorio, especialmente en zonas rurales, turísticas o en riesgo ecológico.

Óscar Rébora, secretario estatal del ramo, ha señalado que el desarrollo debe ser sostenible, pero también equitativo: que los beneficios económicos de la conservación lleguen a pescadores, comunidades indígenas, trabajadores de base y jóvenes.

Entre las acciones destacadas están los proyectos de reforestación con cooperativas locales, monitoreo comunitario del sargazo, y alianzas con universidades para vigilar impactos ecológicos.

Este modelo apuesta por un Caribe Mexicano donde la biodiversidad y la justicia caminan de la mano.

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