La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA) instalaron una mesa de coordinación destinada a combatir la tala ilegal y el cambio no autorizado de uso de suelo que amenaza las selvas del estado. El grupo reúne a autoridades federales y estatales con el objetivo de identificar, denunciar y detener operaciones que degradan amplias superficies forestales.

En la sesión participaron, además de Profepa y SEMA, la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal, la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo (PPA), la delegación de la Semarnat, la Dirección Regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Guardia Nacional. La mesa sesionará cada dos semanas para evaluar avances, afinar estrategias y coordinar operativos conjuntos.

Mariana Boy Tamborrell, titular de Profepa, advirtió que los cambios de uso de suelo sin autorización constituyen una de las principales causas de pérdida de selvas y bosques, con impactos sobre la biodiversidad, el abastecimiento de agua y la regulación climática. En operativos recientes se detectaron desmontes de hasta mil hectáreas que, según reportes, fueron removidas, quemadas y reemplazadas por monocultivos intensivos sin permisos y con uso de químicos agresivos.

Óscar Rébora, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA), destacó el papel del gobierno estatal dentro de la mesa: la entidad aportará capacidades técnicas, monitoreo y verificación para documentar y denunciar actividades ilegales, así como acciones puntuales en zonas clasificadas de alto riesgo por la actividad agropecuaria y ganadera. Rébora confirmó, además, la instalación de los primeros sellos de aseguramiento en predios afectados.

La Profepa informó que en revisiones realizadas en Bacalar y José María Morelos se inspeccionaron cuatro predios con afectaciones que suman 1,463 hectáreas; en esos operativos se clausuraron tres predios y se presentaron dos denuncias penales. La mesa también atenderá la problemática vinculada a la utilización de maquinaria pesada para desmontes y al uso de pesticidas cuya persistencia complica la restauración del suelo.

Sobre ese punto, Rébora señaló que la agresividad de algunos pesticidas obliga a evaluar con especialistas la viabilidad de las acciones de restauración, y aunque no pudo confirmar efectos directos sobre la producción de miel o la salud de las abejas, afirmó que los químicos dificultan la recuperación ecológica. Las autoridades anunciaron la intención de incorporar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto Geográfico y Catastral de Quintana Roo en próximas sesiones.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para revertir el daño ambiental registrado en alrededor de 30 mil hectáreas por prácticas agrícolas en Bacalar, un fenómeno que demanda monitoreo constante, coordinación operativa y decisiones técnicas que favorezcan la restauración y la sanción a quienes alteran ilegalmente el uso del suelo. La próxima reunión del grupo fue programada dentro de dos semanas para dar seguimiento a los acuerdos y acciones emprendidas.