Una auditoría del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Movilidad del Estado de México validó la transparencia en 10 proyectos de infraestructura valorados en 400 millones de pesos, desmintiendo acusaciones de sobrecostos y malas prácticas. El informe, difundido este miércoles, concluyó que las obras —en ejecución— cumplen con los lineamientos legales y financieros, descartando cualquier irregularidad vinculada al exfuncionario Sibaja, señalado previamente en presuntos actos de corrupción. Ramón Sabas Jiménez, exdirector de Vialidad y responsable del documento, enfatizó que no hay pruebas de desvíos o pagos irregulares, atribuyendo las denuncias a una estrategia para dañar la imagen institucional.

El análisis detalló que, aunque algunos contratos aún no han sido liquidados por la Secretaría de Finanzas, no existen indicios de desvíos o sobreprecios. Asimismo, aclaró que las acusaciones contra Sibaja carecieron de sustento desde su origen, calificándolas como "infundadas y políticamente motivadas". Pese a ello, el reporte confirmó la salida de cinco empleados de la dependencia, incluidos Jorge Francisco Colín y Saúl Edgardo López, por deficiencias en sus funciones, aunque estos casos no están relacionados con los proyectos auditados.

El Órgano mantendrá abierta una revisión complementaria para verificar el uso correcto de recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), aunque los avances preliminares respaldan la legalidad de los procesos. "Actuaremos con firmeza si emergen nuevas evidencias, pero hasta ahora no hay motivos para dudar de la gestión", declaró un representante de la dependencia.

Este dictamen refuerza la postura de la Secretaría de Movilidad, que insiste en priorizar la rendición de cuentas sin frenar el avance de obras clave, como mejoras viales y modernización de transporte. Las obras, sometidas a supervisión estricta, continuarán su desarrollo, mientras la institución reitera su compromiso de combatir narrativas falsas que, asegura, solo obstaculizan el progreso de la entidad. Con este fallo, el Edomex busca cerrar un capítulo de especulaciones y enfocarse en proyectos que beneficien a sus 17 millones de habitantes.