Durante años, el Estado de México ha enfrentado una crisis en su transporte público marcada por accidentes graves, muchos vinculados a la negligencia y la opacidad de las mafias del transporte. Estas redes, que controlan rutas y concesiones, priorizan ganancias sobre la seguridad: unidades obsoletas, choferes sin capacitación y sobrecupo son el pan de cada día. Solo en 2023, decenas de accidentes —incluyendo volcaduras, choques y atropellamientos— dejaron víctimas fatales y cientos de heridos, evidenciando la urgencia de un cambio estructural.

La falta de regulación y la corrupción permitieron que estas mafias operaran con impunidad. Ciudades como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca registraron casos emblemáticos, como el choque múltiple en la autopista México-Pachuca, donde un autobús sin frenos adecuados colisionó con cinco vehículos. Estos hechos no solo generaron indignación social, sino que expusieron cómo el modelo de transporte se convirtió en una amenaza para la vida.

Ante este escenario, el gobierno de Morena, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, inició una transformación sin precedentes. En 2024, se lanzó el Plan Integral de Movilidad Segura, que incluye la renovación obligatoria de unidades antiguas, auditorías técnicas rigurosas y la disolución de concesiones irregulares controladas por mafias. Además, se capacitó a más de 3,000 operadores en seguridad vial y se implementó un sistema de monitoreo GPS para rutas, reduciendo en un 40% los accidentes graves en los primeros seis meses.

Aunque el camino es largo, estas acciones reflejan un compromiso con la vida y la justicia. Proyectos como la incorporación de unidades eléctricas y la creación de corredores exclusivos priorizan a los usuarios. “Estamos recuperando el transporte para la gente, no para unos cuantos”, afirmó Gómez Álvarez. Con transparencia y participación ciudadana, el Edomex busca dejar atrás su historia de riesgo y construir un sistema público digno, seguro y humano.