El gobierno de Florida, bajo la dirección del fiscal estatal James Uthmeier, inició esta semana la construcción de un polémico centro de detención para migrantes en un antiguo aeródromo situado en el corazón de los Everglades. El emplazamiento—una zona de 7 770 hectáreas rodeada por los humedales—permitirá instalar grandes tiendas de campaña con capacidad para al menos mil personas, aprovechando al mínimo la infraestructura perimetral gracias a la barrera natural que suponen los pantanos.

La instalación, bautizada informalmente como “Alcatraz de los caimanes”, responde a un acuerdo de colaboración con la Administración de Donald Trump para acelerar las deportaciones de indocumentados. Uthmeier destacó la rapidez y bajo costo de la operación: en apenas 30 a 60 días se prevé recibir a los primeros internos, y el funcionamiento del recinto implicará un gasto aproximado de 450 millones de dólares anuales, coste que podrá cubrirse en parte con fondos federales del Departamento de Seguridad Nacional.

El plan ha generado rechazo de activistas y expertos ambientales. Alex Howard, ex vocero del Departamento de Seguridad Interior, calificó el proyecto como “una mezcolanza de crueldad y espectáculo político”, y advirtió que encerrar a migrantes en medio de depredadores como cocodrilos y pitones no soluciona el problema migratorio, sino que exige “procesos legales y una infraestructura humana adecuada”. Por su parte, la ONG Friends of the Everglades alertó al gobernador Ron DeSantis sobre el riesgo irreversible que supone para la fauna y flora de la región, inmersa en costosos programas de restauración ecológica.

En paralelo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE) ha reforzado su presencia en la zona, celebrando el proyecto como un punto estratégico para contener el flujo migratorio hacia EE. UU. No obstante, organizaciones de derechos humanos temen que las condiciones en las tiendas de campaña no cumplan estándares mínimos de protección ni brinden asistencia adecuada a las personas retenidas.

Con esta iniciativa, Florida busca posicionarse como aliado clave del Ejecutivo federal en materia de seguridad fronteriza, mientras crecen las voces que demandan soluciones más humanas y sostenibles para atender la compleja realidad migratoria.