Un nuevo ataque ayer contra un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, volvió a poner en primer plano los riesgos que enfrentan las personas sujetas a custodia migratoria en Estados Unidos. El episodio es el más reciente dentro de una serie de agresiones que han ocurrido en instalaciones relacionadas con la detención de migrantes en ese estado.

Fuentes citadas en los reportes indican que éste fue el tercer tiroteo contra una instalación de ICE en Texas en las semanas recientes. El 4 de julio, en el Centro de Detención Prairieland en Alvarado —al suroeste de Dallas— un policía resultó herido por disparo cuando tiradores vestidos con indumentaria de estilo militar abrieron fuego fuera de las instalaciones; al menos 11 personas fueron acusadas en relación con ese hecho. Días después, el 7 de julio, un hombre armado con un rifle de asalto atacó a agentes federales en McAllen; el agresor, identificado como Ryan Louis Mosqueda, fue abatido tras herir a un oficial.

La preocupación llega en un contexto de amplia actividad migratoria y operativa por parte de las autoridades federales. TRAC, la organización que monitorea registros migratorios, reportó que al 7 de septiembre había cerca de 58,800migrantes detenidos en centros del ICE en todo el país, y que Texas alojaba 13,300 de esas personas al 2 de septiembre. Según esa misma fuente, al menos 18 migrantes han fallecido bajo custodia del ICE en los 11 meses recientes, entre ellos al menos cinco ciudadanos mexicanos.

La ola de detenciones y expulsiones también ha sido cuantiosa: medios que citan a funcionarios señalan que el ICE deportó casi 200,000 personas en los primeros siete meses de la administración del presidente Donald Trump, una cifra que acercaría a la agencia a su tasa más alta de deportaciones en una década, según el reporte citando a CNN.

Los ataques contra instalaciones de detención —y el incremento de incidentes violentos en sus inmediaciones— han reabierto interrogantes sobre la seguridad de centros del ICE, la protección del personal y de los detenidos, y las implicaciones de una política migratoria que, según distintos actores, ha aumentado las tensiones en torno al tema. Autoridades federales, estatales y locales enfrentan la tarea de equilibrar medidas de control y el respeto a los derechos y la seguridad de las personas bajo custodia.

Organizaciones civiles y defensores de migrantes han denunciado en varias ocasiones condiciones deficientes en algunos centros y han exigido mayor transparencia en las investigaciones cuando ocurren muertes o agresiones. A su vez, las autoridades han reiterado su compromiso de perseguir a los responsables de actos violentos y de reforzar los protocolos de protección en instalaciones vulnerables.

Texas concentra buena parte de la atención por ser el estado con mayor número de detenidos de ICE, lo que explica también la frecuencia de incidentes y la movilización de recursos federales y estatales para mantener el orden. Mientras continúan las investigaciones sobre los episodios recientes, el debate público se intensifica sobre las consecuencias humanas, legales y políticas de la estrategia migratoria vigente.