Un total de 179 presos políticos fueron liberados en Venezuela tras la entrada en vigor de la nueva ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, medida que forma parte de un proceso más amplio de revisión de causas judiciales relacionadas con hechos políticos.

La normativa, promulgada la semana pasada e impulsada por el oficialismo, establece el sobreseimiento de procesos penales y la anulación de sentencias para personas detenidas por motivos políticos. Sin embargo, el beneficio no se otorga de forma automática, ya que los interesados deben acudir a tribunales para solicitar la revisión individual de sus casos.

De acuerdo con el diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión parlamentaria encargada de supervisar la aplicación de la ley, el sistema judicial ha recibido 4,293 solicitudes de amnistía. Los tribunales disponen de un plazo de 15 días para resolver cada petición y determinar el sobreseimiento o la anulación de las condenas.

Además de las excarcelaciones, la ley ha permitido que unas 3,052 personas que cumplían medidas cautelares o libertad condicional obtengan libertad plena, ampliando el alcance del beneficio a miles de casos vinculados a procesos políticos.

La legislación fue aprobada por unanimidad en el Parlamento y forma parte de una estrategia orientada a la reconciliación política. No obstante, el proceso ha generado cuestionamientos debido a presuntas demoras en los tribunales y a las condiciones necesarias para acceder al beneficio, lo que ha motivado denuncias de organizaciones y familiares de detenidos.

La amnistía también establece exclusiones, ya que no podrán acogerse personas condenadas por delitos graves como homicidio, narcotráfico, violaciones de derechos humanos o rebelión militar, lo que ha alimentado el debate sobre el alcance real de la medida.

El anuncio de las primeras liberaciones ocurre en un contexto político marcado por cambios institucionales recientes en el país y por la presión de actores nacionales e internacionales para ampliar la liberación de personas detenidas por razones políticas. Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que aún permanecen cientos de detenidos y que el ritmo de aplicación de la ley será clave para evaluar su impacto.