La Casa Blanca enfrenta acusaciones de desacato judicial tras deportar a 250 presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador, pese a una orden del juez federal James Boasberg que exigía suspender estas acciones. La administración de Donald Trump justificó el operativo mediante la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, normativa históricamente vinculada a contextos bélicos.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa presidencial, defendió que las deportaciones ocurrieron antes del fallo y calificó la medida judicial de “sin fundamento”. Sin embargo, la ambigüedad en los tiempos de ejecución y el uso de términos como “portaaviones de terroristas” han generado cuestionamientos sobre transparencia y respeto al Estado de derecho.

El caso expone una posible extralimitación presidencial: la Ley de Enemigos Extranjeros requiere una declaración de guerra o invasión, facultad exclusiva del Congreso. Trump alega una “invasión” de migrantes, pero críticos señalan que esto no sustituye el marco legal. Mientras El Salvador recibe $6 millones por custodiar a los deportados, organizaciones alertan sobre riesgos de persecución en un país con denuncias por abusos a derechos humanos. Paralelamente, la detención de Mahmoud Khalil, titular de una green card y activista pro Palestina, ha encendido alarmas: ¿es un caso de seguridad nacional o un ataque a la libertad de expresión?

Marco Rubio, secretario de Estado, respaldó las acciones afirmando que los deportados son “miembros del Tren de Aragua” y que Khalil mintió en su solicitud de residencia. Sin embargo, la falta de pruebas concretas y el bloqueo judicial a su deportación reflejan un patrón: decisiones ejecutivas que priorizan resultados rápidos sobre procesos legales. Representantes como Jasmine Crockett (demócrata) insisten en que “los tribunales deben definir estos casos, no el capricho presidencial”.

Estos episodios podrían definir los límites del poder presidencial en EE.UU. Con apelaciones en camino hacia la Corte Suprema, el legado de Trump se debate entre su enfoque autoritario y el respeto a las instituciones. Mientras sus seguidores celebran la firmeza contra pandillas y protestas, opositores ven un precedente peligroso: un líder que actúa primero y enfrenta consecuencias después, desafiando equilibrios constitucionales clave para la democracia estadounidense.