El anuncio del presidente Donald Trump de colocar al Departamento de Policía Metropolitana de Washington (MPD) “bajo control federal directo” y de desplegar tropas de la Guardia Nacional en la capital reabrió el debate sobre los límites del autogobierno en el Distrito de Columbia. A continuación, cuatro claves para comprender qué facultades invocó la Casa Blanca, qué alcance tiene la medida y qué implicaciones prácticas y políticas conlleva.

La base legal: la Ley de Autonomía (Home Rule Act) y la sección de emergencia

Trump apeló a una disposición de la Home Rule Act de 1973 que permite al presidente asumir, de manera temporal, el uso de la fuerza policial de la ciudad cuando existan “condiciones especiales de naturaleza de emergencia” que justifiquen su empleo para fines federales. Esa facultad es extraordinaria y, hasta ahora, no había sido utilizada en la práctica de esta forma.

Según la ley, la intervención federal puede durar inicialmente 48 horas; para extenderla más allá de ese periodo el Ejecutivo debe notificar formalmente a las y los líderes de los comités del Congreso correspondientes, y cualquier control que se prolongue por más de 30 días exige la aprobación legislativa del Congreso. Es decir: el margen de maniobra presidencial existe, pero tiene límites y pasos procesales concretos.

Fuerza y apoyos desplegados sobre el terreno

El Gobierno anunció el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la capital; agencias internacionales reportaron que el número movilizado asciende a varios cientos de efectivos, en torno a 800 miembros, destinados a apoyar labores de presencia, logística y apoyo a las fuerzas locales.

Además, el Ejecutivo reasignó agentes de distintas dependencias federales para patrullajes y apoyo operacional en la ciudad: varios medios señalan que se reubicaron decenas —hasta alrededor de 120— de agentes del FBI y personal de otras agencias para cooperar con la policía local en turnos nocturnos y acciones puntuales. Ese refuerzo federal es parte del paquete operativo anunciado por la Casa Blanca.

El detonante y las reacciones locales

La decisión presidencial fue anunciada después de un ataque a un extrabajador federal ocurrido el 3 de agosto —un hecho que la Casa Blanca presentó como parte del argumento para una emergencia de seguridad pública— y llegó en medio de litigios sobre despliegues de la Guardia Nacional en otras jurisdicciones. En el plano político, la medida generó rechazo entre autoridades distritales: la alcaldesa Muriel Bowser calificó la acción de “inquietante y sin precedentes” y expresó su oposición a que el Gobierno federal pase por encima del gobierno local. En contraparte, el sindicato de la policía local expresó que entiende la necesidad de medidas para apoyar la seguridad.

¿Va en consonancia con la realidad delictiva de la ciudad?

El argumento oficial sobre una “ola de violencia fuera de control” choca con los datos oficiales de la policía del Distrito: las estadísticas del MPD muestran una caída importante de homicidios y de delitos violentos después del pico de 2023. Según los registros públicos, los homicidios pasaron de 274 en 2023 a 187 en 2024 (una caída del 32%), y las cifras preliminares de 2025 reportaban nuevas disminuciones en lo que va del año. Aunque episodios graves y robos de autos han generado alarma mediática, los datos agregados muestran una tendencia a la baja en varios indicadores.

Qué implica la medida

• No convierte a la ciudad en un territorio militarizado de forma indefinida: la Ley establece plazos y requisitos para que una intervención continúe en el tiempo; prolongarla requiere pasos formales ante el Congreso.

• El papel de la Guardia Nacional y de agentes federales suele limitarse a apoyo, presencia y tareas logísticas; las autoridades federales no sustituyen automáticamente todas las funciones locales (por ejemplo, detenciones ordinarias siguen supeditadas a procedimientos legales y jurisdiccionales).

• La medida tiene un alto componente político: el choque entre la Casa Blanca y la alcaldía de D.C. reactiva debates sobre la autonomía del Distrito y la demanda de plena representación (estadidad), y abre la puerta a impugnaciones legales y cuestionamientos públicos.

  
  

La invocación de la Home Rule Act para asumir el control temporal de la policía de Washington es jurídicamente posible y cuenta con un procedimiento establecido, pero es inusitada en su aplicación y políticamente controvertida. Mientras el Ejecutivo defiende la intervención como una respuesta operativa ante hechos de violencia, las cifras oficiales y la oposición del gobierno local ponen sobre la mesa la necesidad de diálogo institucional y de medidas sostenibles en materia de prevención, justicia y políticas sociales más allá de despliegues temporales.