El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió al presidente Donald Trump reactivar los despidos masivos en el Departamento de Educación, una medida suspendida en mayo por un juez federal de Massachusetts. Con los seis votos de los jueces designados por la corriente republicana frente a los tres de las juristas nombradas por demócratas, la Corte suprema acercó al mandatario a su promesa electoral de reducir el tamaño de esa dependencia.

Las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson redactaron un duro disenso, advirtiendo que la decisión “confiere al Ejecutivo facultades para derogar la ley eliminando a quienes deben aplicarla”, y poniendo en riesgo el principio de separación de poderes. Sotomayor reprochó que, al ignorar las implicaciones constitucionales, la mayoría acelera una maniobra que los tribunales inferiores ya habían frenado temporalmente.

En contraste, Trump celebró el fallo como “una gran victoria para padres y estudiantes de todo el país”. A través de Truth Social, afirmó que la resolución le permitirá devolver “el poder al pueblo” y transformar el sistema educativo para que los alumnos estadounidenses se destaquen globalmente. La secretaria de Educación, Linda McMahon, también aplaudió el aval judicial y anunció que retomará el proceso de despidos —que en marzo dejó sin empleo a unos 1,400 trabajadores— con el objetivo de impulsar “reformas profundas” amparadas en las atribuciones presidenciales.

El polémico plan de Trump chocaba con la argumentación del juez Myong Joun, quien determinó que la Casa Blanca requería la autorización del Congreso para ejecutar despidos de tal magnitud. Con el espaldarazo de la Corte Suprema, la Administración podrá continuar con los recortes, en una jugada que seguramente reavivará el debate sobre el alcance del poder ejecutivo y la independencia del Poder Judicial en materia de políticas públicas educativas.