La Corte Suprema de Estados Unidos, por mayoría de seis votos frente a tres, autorizó a la administración de Donald Trump a reanudar las deportaciones rápidas de migrantes hacia países distintos de su lugar de origen, revocando una medida de instancia inferior que garantizaba un debido proceso previo al traslado.

El conflicto judicial se originó en abril, cuando el juez de distrito Brian Murphy, en Boston, emitió una orden para suspender estas expulsiones hasta que los afectados tuvieran “una oportunidad significativa” de exponer los riesgos de tortura o incluso muerte en esas naciones de tránsito. El magistrado declaró luego que un vuelo con ocho migrantes —procedentes de Myanmar, Sudán del Sur, Cuba, México, Laos y Vietnam— violó esa instrucción al aterrizar en Yibuti, donde los expulsados permanecen retenidos en una base militar estadounidense.

Las juezas liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson redactaron una disidencia haciendo hincapié en que la decisión “premia la ilegalidad” y sacrifica la protección de las personas migrantes en favor de la rapidez operativa. Sotomayor advirtió que la mayoría “prefiere exponer a miles de individuos a la violencia en lugares remotos que garantizar sus derechos constitucionales”.

En su breve pronunciamiento, la facción conservadora de la Corte no explicó los fundamentos legales para frenar la orden de Murphy. No obstante, el fallo otorga luz verde al gobierno para enviar a migrantes a bases en Yibuti o Sudán del Sur, estrategias diseñadas para evitar que los sujetos permanezcan en territorio estadounidense mientras se resuelven sus solicitudes de asilo.

El Departamento de Seguridad Nacional celebró la resolución como “una victoria para la seguridad del pueblo estadounidense”, mientras que organizaciones de defensa de los derechos humanos, como la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, calificaron la medida de “horrenda” y advirtieron que expone a los afectados a “tortura y muerte”. Los abogados de los migrantes han solicitado de urgencia al juez Murphy mantener la suspensión de los envíos, apelando a otro fallo previo que aún protege a los ocho hombres varados en Yibuti.

Este dictamen se suma a otras decisiones emblemáticas de la Corte bajo la administración Trump, enfatizando su postura de tolerancia cero frente a la migración irregular y redefiniendo los límites del derecho al asilo y las garantías procesales de quienes buscan refugio en Estados Unidos.