Un movimiento nacional de resistencia a las políticas migratorias y a los nuevos centros de detención ha ido ganando fuerza en Estados Unidos, con vigilias, grupos ecuménicos y movilizaciones ciudadanas que se repiten cada semana en lugares tan dispares como el suroeste de Florida, Brooklyn y Los Ángeles. Muchas de estas protestas se han centrado en el polémico centro de detención erigido en los Everglades y apodado por sus detractores como “Alligator Alcatraz” o “Alcatraz de los caimanes”.

Domingo tras domingo, centenares de religiosos —católicos, protestantes, judíos— y aliados se han congregado en las rejas del complejo para exigir el cierre de la instalación y visibilizar lo que llaman la “crueldad por diseño” impuesta sobre las personas detenidas. Organizaciones locales y coaliciones ecuménicas, incluida The Workers Circle, han encabezado las vigilias y llamado simultáneamente a poner fin a las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

La presión social coincide con decisiones judiciales recientes: un panel del Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito emitió una suspensión del fallo de primera instancia que ordenaba el cierre y desmantelamiento del centro, lo que permite que la instalación siga operando mientras se resuelven los recursos legales. Esa resolución ha intensificado la movilización de defensores que prometen mantener las protestas y llevar la batalla a tribunales y plazas públicas.

La resistencia no se limita a Florida. En ciudades como Los Ángeles y otras urbes donde se han realizado redadas, la respuesta ciudadana incluyó masivas manifestaciones, confrontaciones con fuerzas desplegadas por la administración federal y acciones de solidaridad —desde bloqueos y vigilia hasta campañas para proteger jornaleros y trabajadores vulnerables— que han presionado a autoridades locales a tomar posiciones públicas en defensa de migrantes. La presencia de tropas y guardias nacionales acompañando operativos federales ha alimentado la alarma y las acciones de protesta en terrenos urbanos.

Frente a la ola de operativos y amenazas de despliegue federal, autoridades locales y estatales han respondido con medidas de defensa de sus comunidades. En Chicago, el gobernador J.B. Pritzker y el alcalde Brandon Johnson han advertido sobre posibles redadas durante celebraciones del Día de la Independencia de México y han tomado acciones para limitar la cooperación local con operativos federales; Johnson incluso emitió una orden ejecutiva para que la policía de la ciudad no colabore con tropas o agentes federales en acciones que vulneren la ley local. En Washington, el gobernador Bob Ferguson respondió públicamente a advertencias federales rechazando ser “intimidado” por amenazas de sanciones o procesos.

El tejido de la resistencia combina a organizaciones de migrantes, colectivos por los derechos civiles, sindicatos, iglesias, estudiantes y vecinos que coordinan tácticas —como “adoptar una esquina” para proteger a jornaleros, campañas de recaudación para apoyar a trabajadores despedidos, o acciones de ruido cerca de hoteles donde se alojan agentes federales— para dificultar los operativos y creer en mecanismos de protección comunitaria. Estos esfuerzos buscan también difundir información sobre derechos y proveer apoyo legal a quienes enfrentan detenciones.

Organizadores y líderes comunitarios advierten que la resistencia seguirá escalando mientras persistan las instalaciones que consideran inhumanas y las estrategias de deportación masiva. A la par de protestas en las vías públicas, las batallas se libran en tribunales —con pleitos ambientales, de procedimiento y de derechos humanos— y en el terreno político, donde alcaldes y gobernadores desafían órdenes federales y promueven medidas para proteger a sus residentes migrantes. En este entorno, la movilización ciudadana se ha convertido en un frente continuo para vigilar prácticas de detención, exigir transparencia y reclamar alternativas que respeten el debido proceso y la dignidad humana.