La tensión política y militar en Estados Unidos subió un escalón más. La Casa Blanca condenó enérgicamente un llamado de legisladores demócratas para que las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia se nieguen a acatar “órdenes ilegales” del gobierno de Donald Trump, luego del envío de efectivos de la Guardia Nacional a varias ciudades gobernadas por la oposición, bajo el argumento de contener supuestos disturbios generalizados.

En un video difundido en la red social X, seis legisladores demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado —todos con antecedentes en el ámbito militar o de inteligencia— advirtieron que la administración Trump está confrontando a militares y agentes con la propia ciudadanía estadounidense.

“Las amenazas a nuestra Constitución no solo provienen del extranjero, sino también desde dentro de nuestro propio país”, señalaron, al tiempo que recordaron que los uniformados “pueden desobedecer las órdenes ilegales” si consideran que vulneran la ley o la Carta Magna.

Entre los firmantes destacan el senador Mark Kelly, exintegrante de la Marina y astronauta de la NASA, y la senadora Elissa Slotkin, quien trabajó para la CIA en Irak.

La respuesta de la Casa Blanca: acusaciones de “rebeldía”

La reacción del gobierno no se hizo esperar. En X, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, acusó a los demócratas de promover una especie de insubordinación institucional:

Altos dirigentes demócratas están haciendo un llamamiento abierto a funcionarios de la CIA y a mandos militares para que se rebelen contra su comandante en jefe. No subestimen lo peligrosamente radicalizado que se ha vuelto el Partido Demócrata.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también utilizó la red social para atacar a los legisladores, acusándolos de padecer “síndrome de trastorno por Trump”, un término que sectores republicanos emplean de manera despectiva para referirse a la oposición.

Hasta el momento, los legisladores demócratas no han precisado públicamente a qué órdenes concretas se refieren, pero su mensaje se enmarca en una creciente preocupación por el uso interno y externo de las fuerzas estadounidenses desde el retorno de Trump a la Casa Blanca en enero.

Guardia Nacional en ciudades demócratas y operativo letal en el exterior

En el frente interno, el mandatario ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades gobernadas por demócratas, bajo el argumento de enfrentar disturbios y desórdenes de gran escala. Críticos de la medida señalan que se trata de una estrategia de intimidación política que busca afianzar el control federal sobre territorios gobernados por la oposición.

En el ámbito internacional, el presidente autorizó un operativo contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental. De acuerdo con especialistas, los ataques —en los que han muerto más de 80 personas— podrían considerarse ilegales y equivaler a ejecuciones extrajudiciales, al no haberse realizado bajo marcos claros de justicia, debido proceso o supervisión internacional.

Estos episodios han intensificado el debate sobre los límites de la autoridad presidencial en materia de uso de la fuerza, y han colocado a las instituciones militares y de inteligencia en el centro de una disputa política sin precedentes.

El delicado equilibrio entre obediencia debida y lealtad a la Constitución

El llamado de los legisladores demócratas introduce de forma frontal un tema sensible: el deber de obediencia frente a las órdenes del comandante en jefe, versus la obligación de cumplir la Constitución y las leyes.

Históricamente, en Estados Unidos se ha sostenido que los militares deben rechazar órdenes manifiestamente ilegales. No obstante, que esta exhortación provenga de actores políticos, en el contexto de una fuerte polarización y de despliegues militares controvertidos, abre una discusión sobre el riesgo de politizar a las fuerzas armadas y a las agencias de inteligencia.

Mientras la Casa Blanca acusa a la oposición de incentivar la rebeldía en las filas militares, los legisladores demócratas aseguran que su objetivo es defender el orden constitucional ante lo que consideran abusos de poder y uso indebido de la fuerza, tanto en territorio nacional como fuera de las fronteras.

En medio de esta disputa, tropas, mandos militares y agentes de inteligencia quedan atrapados entre lealtades cruzadas: a la cadena de mando, a la Constitución y a una escena política cada vez más polarizada.