Franco Caraballo, un barbero venezolano de 26 años, fue esposado y subido a un avión sin explicaciones desde un centro de detención en Texas, desapareciendo luego del sistema de ICE. Su esposa, Johanny Sánchez, descubrió días después que está recluido en una prisión de máxima seguridad en El Salvador, acusado por EE.UU. de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua. Como él, más de 200 venezolanos fueron trasladados durante el fin de semana bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma colonial que permite deportaciones sin proceso legal. Las familias denuncian desinformación y temen por la vida de sus seres queridos.

La administración Trump justifica las deportaciones alegando riesgos de seguridad, aunque no ha presentado pruebas de vínculos con pandillas. Un documento judicial reconoce que muchos detenidos no tienen antecedentes penales, pero insiste en su “amenaza potencial”. Mientras EE.UU. paga $6 millones a El Salvador por la custodia, organizaciones critican el uso de una ley de guerra para abordar la migración. “¿Qué pandillero se presentaría voluntariamente a revisiones de ICE?”, cuestiona Sánchez, cuyo esposo asistía puntualmente a sus citas migratorias en Dallas.

La crisis refleja el drama de casi 8 millones de venezolanos que huyeron de su país desde 2013. Muchos, como Caraballo, buscaron asilo en EE.UU. tras cruzar México, pero ahora enfrentan deportaciones exprés. Xiomara Vizcaya, madre de otro detenido, clama por información: “No sé nada de mi hijo”. Con visitas prohibidas en la cárcel salvadoreña, familias exigen transparencia y apelan a la comunidad internacional para intervenir.

El gobierno de Nicolás Maduro calificó los traslados como “secuestros” y convocó protestas en Caracas. Jorge Rodríguez, aliado de Maduro, exhortó a migrantes a regresar a Venezuela, describiendo el “sueño americano” como una “pesadilla”. Para Sánchez, la ironía es amarga: tras escapar de la crisis venezolana, su familia ahora sufre detenciones arbitrarias. “Vinimos por algo mejor, no para esto”, lamenta, mientras lucha por reunir pruebas que limpien el nombre de su esposo.