Un reciente expediente presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU desmiente las versiones oficiales de Estados Unidos y El Salvador sobre la custodia de migrantes venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). En su respuesta a un grupo de trabajo de la Oficina del Alto Comisionado, funcionarios salvadoreños admitieron que “la jurisdicción y la responsabilidad legal” de estas personas “recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes”, poniendo en evidencia el control que ejerció la administración Trump sobre los deportados.

Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, más de 100 hombres fueron enviados al CECOT tras ser acusados de pertenecer a la banda venezolana Tren de Aragua. A pesar de que un juez federal estadounidense ordenó su retorno, la Casa Blanca argumentó que, al tocar suelo salvadoreño, los migrantes perdían la protección de los tribunales y sus derechos constitucionales. Sin embargo, la información admitida ante la ONU muestra que Estados Unidos siguió coordinando el destino y las condiciones de detención de esos deportados.

Las organizaciones ACLU y Democracy Forward, que representan a los afectados, sostienen que esta revelación prueba la falta de transparencia de la administración Trump y refuerza sus demandas judiciales para impugnar las deportaciones. Lee Gelernt, abogado de la ACLU, señaló que El Salvador confirmó “lo que todos entendíamos”: el gobierno estadounidense mantiene el control sobre las personas que “languidecen en el CECOT”. Por su parte, Democracy Forward advirtió que estas prácticas podrían vulnerar la Constitución de EE. UU. y los tratados internacionales de derechos humanos.

El acuerdo firmado en marzo de 2025 contemplaba un pago de 6 millones de dólares a El Salvador para recibir a 300 migrantes, pero generó controversia por el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y por casos como el de Kilmar Ábrego García, regresado finalmente a EE. UU. tras un fallo judicial. La coalición de grupos defensores de inmigrantes sostiene que mantener a los deportados fuera del alcance de los tribunales viola el debido proceso y llama a invalidar el convenio carcelario entre ambos países.