El gobierno de Estados Unidos informó la incautación de activos por un valor superior a los 700 millones de dólares que, según las autoridades norteamericanas, están vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro. La fiscal general Pam Bondi detalló que entre los bienes intervenidos figuran dos aviones privados, varias residencias —incluida una mansión en República Dominicana y otras en Florida—, una granja de caballos, vehículos, joyas y efectivo.

La acción forma parte de una estrategia del Ejecutivo estadounidense para presionar a lo que califica como redes de narcotráfico y organizaciones criminales asociadas al poder en Venezuela, entre ellas el denominado “Cartel de los Soles”, que Washington ha vinculado con altos mandos del régimen. Estas designaciones han llevado además a incrementar sanciones y medidas financieras contra activos que se consideran producto del crimen organizado.

La fiscal Bondi y portavoces vinculados a la operación subrayaron que los bienes decomisados incluyen inmuebles de lujo, aeronaves de alto valor y objetos de alto valor monetario, y sostuvieron que estas medidas buscan privar a la red de recursos usados para sostener actividades ilícitas. Las autoridades señalaron que las investigaciones y procedimientos para asegurar y confiscar los activos se han ejecutado dentro de los marcos legales correspondientes.

En paralelo, el gobierno de EE. UU. elevó la recompensa ofrecida por información que conduzca al arresto de Maduro: la cifra fue duplicada hasta 50 millones de dólares, según comunicados oficiales publicados a inicios de agosto. Ese movimiento forma parte de una ofensiva mayor que incluye sanciones financieras y acusaciones penales por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Voces del chavismo rechazaron las acusaciones. Funcionarios de la administración venezolana calificaron las medidas como infundadas y politizadas; la vicepresidenta y otros dirigentes han llamado a la región a mantenerse unida frente a lo que describen como amenazas de intervención. En tanto, desde Washington se mantiene la postura de que las designaciones y las acciones contra activos son herramientas para desarticular redes criminales que, según las autoridades, operan desde e incluso con apoyo dentro del aparato del Estado venezolano.

Contexto y alcance

Las medidas son el último capítulo de una campaña estadounidense que, desde 2020 y con renovado impulso recientemente, ha vinculado a funcionarios venezolanos con redes de narcotráfico y lavado de dinero. Además de las incautaciones y las recompensas, Washington ha aplicado sanciones financieras y exige cooperación internacional para identificar y congelar bienes relacionados con estas conductas. Las autoridades señalaron que la investigación y el aseguramiento de los activos continuarán conforme avance el trabajo jurídico y de inteligencia.