La Casa Blanca informó el envío de tres destructores clase Arleigh Burke —el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson— hacia aguas cercanas a Venezuela como parte de una operación orientada a combatir organizaciones vinculadas al narcotráfico en la región.

El despliegue naval se complementa con la presencia de varios miles de efectivos estadounidenses en la zona y activos de inteligencia como aviones P-8 y, según reportes, submarinos y otras plataformas destinadas a vigilancia marítima; las autoridades señalan que la operación se extenderá por meses y operará en espacios internacionales.

En Washington responsabilizan al gobierno de Nicolás Maduro de participar en redes de tráfico de drogas: el Ejecutivo estadounidense elevó recientemente la recompensa por información que facilite su captura a 50 millones de dólares, y lo vincula con estructuras como el supuesto “Cártel de los Soles”. El anuncio forma parte de una estrategia que, según la Casa Blanca, busca frenar el flujo de estupefacientes hacia Estados Unidos.

Autoridades norteamericanas han referido grandes decomisos atribuidos a estas redes: la DEA y otros organismos indican incautaciones de toneladas de cocaína y el aseguramiento de activos presuntamente ligados a operadores delictivos en Venezuela. Estos hallazgos han sido usados por la administración para justificar medidas de presión y sanciones.

La portavoz de la Casa Blanca declaró que la administración está “preparada para usar todo su poder” para frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la justicia; la medida se inscribe en un paquete más amplio de acciones que también incluye la clasificación y sanción de organizaciones criminales transnacionales.

Desde Caracas la respuesta no se hizo esperar: el gobierno de Maduro calificó el despliegue como una agresión y movilizó a milicias y fuerzas en defensa de la soberanía, advirtiendo sobre riesgos para la estabilidad regional si la operación se intensifica. Organismos internacionales y países de la región han expresado preocupación por la escalada retórica y la posibilidad de incidentes.

Especialistas en seguridad destacan que buques destructores con capacidad Aegis ofrecen plataformas versátiles para vigilancia, interdicción y apoyo a operaciones conjuntas, pero subrayan que cualquier operación en proximidades de un Estado soberano requiere coordinación para evitar confrontaciones y respetar derecho internacional.

La Casa Blanca vincula estas medidas a una estrategia más amplia que incluye la designación de determinados cárteles como organizaciones terroristas y el uso de herramientas financieras y penales para desarticular redes; mientras tanto, Venezuela advierte que cualquier acción que se perciba como intervención militar profundizará la crisis diplomática entre ambos países.