El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra una empresa estatal venezolana dedicada a la fabricación de drones, a la que acusa de participar en operaciones vinculadas al comercio de armamento con Irán. Las medidas forman parte de una estrategia más amplia de Washington para frenar lo que considera una expansión de capacidades militares asociadas a Teherán y sus aliados.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA), creada en 2020, habría desempeñado un papel clave en el ensamblaje y mantenimiento de drones de la serie Mohajer, los cuales estarían relacionados con transacciones de alto valor con la empresa iraní Qods Aviation Industries, previamente sancionada por Estados Unidos.

Como parte de las sanciones, también fue incluido el presidente de la compañía, José Jesús Urdaneta González, a quien se señala por presuntamente coordinar actividades con representantes de las fuerzas armadas de Venezuela e Irán para la producción de vehículos aéreos no tripulados. Según el Departamento del Tesoro, algunos de estos equipos estarían en operación dentro de la Fuerza Armada venezolana, incluyendo modelos con capacidad para portar armamento guiado de diseño iraní.

Las autoridades estadounidenses informaron que las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes y activos que las personas y entidades señaladas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, señaló que Washington considera que tanto Irán como Venezuela participan en una expansión “irresponsable” del comercio de armamento, lo que representa un riesgo para la seguridad internacional. Añadió que su gobierno continuará utilizando herramientas financieras para limitar el acceso de estas redes al sistema económico global.

Las medidas también alcanzan a otras compañías e individuos iraníes vinculados a la industria militar, en particular aquellos relacionados con la producción de misiles y equipos estratégicos. Esta acción se suma a sanciones previas impuestas por Estados Unidos contra actores venezolanos, incluidas restricciones a embarcaciones utilizadas para el transporte de petróleo.

Hasta el momento, ni la empresa señalada ni el gobierno venezolano han emitido una postura oficial. Medios internacionales informaron que se solicitó una respuesta formal a las autoridades de Caracas, sin que hasta ahora haya pronunciamiento.

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas, mientras se mantienen desacuerdos diplomáticos y comerciales, y se refuerzan las medidas de presión económica impulsadas por Estados Unidos.