La Justicia de El Salvador impuso condenas de hasta 1,335 años de prisión a 248 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), tras hallarlos culpables de una amplia gama de delitos cometidos entre 2014 y 2022 en el departamento de La Libertad. Las resoluciones judiciales se enmarcan en la ofensiva estatal contra las pandillas que se mantiene bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 y representan uno de los procesos penales más contundentes contra el crimen organizado en el país.

De acuerdo con la Fiscalía, los sentenciados —en su mayoría pertenecientes a la clica Teclas Locos Salvatruchos (TLS)y a otras facciones asociadas— fueron responsables de 43 homicidios agravados, 42 desapariciones de personas, tres feminicidios agravados, 86 casos de extorsión, 29 conspiraciones para homicidio, 32 procesos por actos preparatorios de tráfico ilícito y cinco ocupaciones ilegales de inmuebles, además de otros delitos vinculados a agrupaciones ilícitas.

Entre los hechos que marcaron el proceso judicial se encuentran la desaparición y homicidio de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo en diciembre de 2021; el feminicidio de la futbolista Claudia Jimena Granados en octubre del mismo año; el asesinato de un estudiante de la Universidad Centroamericana (UCA) en marzo de 2019; y la desaparición y homicidio de un estudiante de un instituto nacional en abril de 2020.

Las investigaciones acreditaron que las estructuras criminales instalaron bases operativas en distintos sectores de La Libertad para planificar y ejecutar extorsiones sistemáticas a comerciantes locales, exigiendo pagos bajo amenazas de muerte. Esta presión provocó el cierre de negocios y profundizó un clima de inseguridad. Además, se comprobó su participación en tráfico de drogas y ocupación ilegal de inmuebles, ampliando su control territorial mediante la violencia y la intimidación.

Además de la TLS, el fallo judicial identificó la participación de las clicas Ayagualos Locos Salvatruchos, Areneras Locos Salvatruchos, City Vagos Locos Salvatruchos y Cangrejeras Locos Salvatruchos, entre otras, todas con operaciones en La Libertad.

Estas condenas se inscriben en la estrategia de seguridad del gobierno salvadoreño bajo el régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial para desarticular estructuras criminales. Según cifras oficiales, más de 90,000 personas han sido arrestadas desde su implementación, aunque alrededor de 8,000 fueron liberadas tras comprobarse su inocencia.