El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presentó este lunes un paquete de nueve medidas destinadas a presionar a Israel para que detenga lo que calificó —citando a la relatora de la ONU y a varios expertos— como un “genocidio” en la Franja de Gaza. Entre las acciones anunciadas figura la aprobación urgente de un real decreto ley que formalizará un embargo de armas, así como prohibiciones sobre el tránsito por puertos y el uso del espacio aéreo español por transportes militares relacionados con Israel.

Sánchez defendió la medida como una postura que busca preservar el derecho internacional y aliviar el sufrimiento de la población palestina, y subrayó que hablar de “genocidio” responde a las evaluaciones de expertos y a la relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese. En su intervención aseguró que la respuesta militar que comenzó tras los atentados del 7 de octubre de 2023 dejó de ser una operación defensiva para convertirse en una campaña que “extermina” a civiles.

Las medidas anunciadas incluyen también la prohibición de entrada a España de personas implicadas de forma directa en lo que el Ejecutivo ha descrito como violaciones graves de derechos humanos; la restricción de importaciones procedentes de asentamientos en la Cisjordania ocupada; y la limitación a la asistencia consular a residentes españoles en esos asentamientos, dejándola en el mínimo legalmente obligatorio.

Además del componente sancionador, el Ejecutivo español prevé aumentar la ayuda financiera a la Autoridad Palestina y a la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA), así como adoptar medidas logísticas para impedir que buques o aviones transporten armamento a fuerzas implicadas en la campaña en Gaza. El Gobierno indicó que la finalidad es tanto “perseguir a los ejecutores” de crímenes como presionar políticamente al gabinete de Benjamin Netanyahu para reducir el sufrimiento de la población civil.

La reacción de Israel fue inmediata y airada: el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí acusó a Sánchez de adoptar una postura sesgada y anunció restricciones de entrada a dos ministras españolas, mientras Madrid respondió llamando a consultas a su embajadora en Tel Aviv y rechazando las acusaciones. El choque diplomático elevó la tensión bilateral y obligó a que otras cancillerías siguieran de cerca los pasos de España.

Impacto y límites de las medidasEl Gobierno reconoció que la capacidad de España por sí sola para frenar la ofensiva es limitada, porque los principales suministradores de armamento a Israel son otras potencias, pero defendió que la medida tiene un valor político y jurídico: institucionalizar el embargo y aplicar restricciones comerciales y de tránsito puede aumentar la presión internacional y marcar un precedente en la defensa del derecho internacional humanitario. Observadores señalan que la eficacia real de las sanciones dependerá de si otros socios europeos y aliados se suman a medidas similares.

Relevancia pública y contextoEl anuncio de Sánchez se produce en un contexto de creciente indignación social en España por la alta cifra de víctimas en Gaza desde octubre de 2023, así como de demandas de ONG y movimientos sociales para que los gobiernos europeos corten la cadena de suministro militar y aumenten la ayuda humanitaria. El Ejecutivo español, que ya había reconocido formalmente al Estado palestino y promovido iniciativa legales y diplomáticas en foros internacionales, apuesta ahora por combinar sanciones, medidas comerciales y apoyo humanitario.