La crisis política en Bangladesh alcanzó un nuevo punto crítico tras la condena a muerte de Sheikh Hasina, quien gobernó el país durante más de una década y fue derrocada el año pasado tras una ola de protestas lideradas, principalmente, por jóvenes universitarios. El Tribunal Internacional de Crímenes (TIC), especializado en crímenes de guerra y delitos contra la humanidad, dictaminó que Hasina fue responsable de incitar ejecuciones extrajudiciales, represión letal y uso desproporcionado de fuerza militar contra la población civil.

La decisión fue emitida por un panel de tres jueces, quienes concluyeron que la ex mandataria ordenó, promovió y omitió frenar acciones que dejaron miles de víctimas. Según el tribunal, las fuerzas de seguridad actuaron bajo órdenes directas o tácitas de Hasina durante la represión de movilizaciones estudiantiles contra el sistema de cuotas laborales públicas, mismas que pronto se transformaron en un movimiento nacional por su renuncia.

En la sala, familiares de víctimas recibieron el anuncio con aplausos, mientras los jueces afirmaron que existían elementos suficientes para considerar que existió una política sistemática de represión. Declaraciones del tribunal señalaron que Hasina habría ordenado “matar y eliminar” a manifestantes.

Miles de víctimas y masivas violaciones a derechos humanos

Las protestas, inicialmente pacíficas, se convirtieron en una movilización histórica. De acuerdo con reportes citados en el juicio y declaraciones vinculadas a organismos internacionales, la represión dejó hasta 1,400 muertos y 25,000 personas heridas, cifras que revelan la magnitud de la violencia estatal.

El juicio también contempló alegatos sobre el uso de armamento militar, drones y helicópteros para dispersar a los manifestantes, lo que según el tribunal constituye una violación a los estándares humanitarios internacionales.

Hasina denuncia persecución política desde el exilio

La ex primera ministra no estuvo presente durante el juicio, pues permanece en exilio autoimpuesto en Nueva Delhi desde agosto de 2024. A través de un comunicado difundido por su partido, la Liga Awami, Hasina calificó la resolución como “parcial, ilegítima y políticamente motivada”, asegurando ser víctima de una cacería judicial.

La ex mandataria ha rechazado todos los cargos y sostiene que su gobierno actuó bajo el marco de la ley. Asimismo, se declaró orgullosa de su desempeño en materia de desarrollo y políticas públicas. Sus abogados ya presentaron una apelación ante mecanismos internacionales de derechos humanos y han pedido intervención diplomática.

Crece el temor a una nueva ola de inestabilidad

El veredicto surge en vísperas de elecciones nacionales programadas para iniciar el próximo año, lo que abre interrogantes sobre el futuro político del país. Especialistas han advertido que la sentencia podría activar una nueva ola de protestas, violencia y polarización, especialmente entre simpatizantes de la Liga Awami.

De forma paralela, su familia y aliados han advertido que no permitirán elecciones si su partido permanece prohibido, mientras varios ex funcionarios continúan enfrentando procesos judiciales y buscan asilo en el extranjero.

Por su parte, el gobierno interino —encabezado por el premio Nobel Muhammad Yunus— argumenta que los procesos son necesarios para restaurar la confianza pública y combatir décadas de impunidad política.