FLORIDA.— Tras la orden emitida por la jueza federal Kathleen Williams de desmantelar la infraestructura del centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz” en un plazo de 60 días, el gobierno de Florida anunció la puesta en marcha de un plan alterno para garantizar la continuidad de sus operativos migratorios. El gobernador Ron DeSantispresentó este “Plan B” mediante la apertura del nuevo centro “Deportation Depot”, instalado en la Institución Correccional Baker, en las cercanías de Jacksonville, con capacidad para 2,000 detenidos.

La medida busca sostener las labores de detención y procesamiento de personas indocumentadas mientras el estado agota las vías legales para revertir la resolución judicial. La administración estatal interpuso una apelación contra la orden de desmantelamiento y, al mismo tiempo, defendió su decisión de activar una instalación alternativa para que las deportaciones “no se detengan”, según mensajes del gobierno.

El gobernador DeSantis calificó el fallo como obra de una “jueza activista” y afirmó que su administración continuará implementando las políticas migratorias que considera necesarias para la seguridad del estado. Con el nuevo centro en Baker, Florida pretende garantizar espacio y logística para miles de procesos administrativos y migratorios pendientes, aun cuando la orden de la magistrada marque el inicio de la desinstalación del complejo original.

La apertura de “Deportation Depot” y la apelación presentada por el estado colocan al conflicto en dos frentes: por un lado, la vía judicial que busca ejecutar el cierre y desmantelamiento de “Alligator Alcatraz”; por otro, la maniobra administrativa del gobierno estatal para mantener operativo su esquema de detención y deportación. El choque subraya la tensión entre decisiones de tribunales federales y las políticas estatales en materia migratoria.

La polémica mantiene atención nacional sobre la estrategia migratoria de Florida y sobre los límites de la acción estatal frente a mandatos federales o decretos judiciales. A medida que avance el proceso de apelación y se acerque el plazo de 60 días, el estado y los grupos que han cuestionado la operación del centro original seguirán en disputa por la viabilidad y legalidad de estas instalaciones.