La recién creada Fundación Humanitaria de Gaza, impulsada por Israel y respaldada por Estados Unidos, comenzó el lunes 26 de mayo la entrega de alimentos en la Franja de Gaza, pese a fuertes reparos de organismos internacionales. Esta ayuda humanitaria —que planea distribuir 300 millones de comidas en 90 días— funcionará a través de centros de distribución protegidos por seguridad privada y busca asistir a un millón de palestinos.

Sin embargo, la ONU rechazó implicarse en el nuevo mecanismo por considerar que no respeta los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia. Jens Laerke, portavoz de OCHA, calificó el proyecto como una “distracción” de las verdaderas necesidades, y exigió la reapertura de los cruces fronterizos para facilitar el paso de ayuda a Gaza.

El pasado 25 de mayo, el director ejecutivo fundador, Jake Wood, presentó su renuncia al considerar imposible garantizar los valores humanitarios esenciales. Su relevo será John Acree, veterano con dos décadas en operaciones humanitarias, quien asume el reto de conducir la ayuda en un entorno marcado por la guerra y el desplazamiento forzado de casi 180.000 personas en diez días.

Por su parte, Hamás ha instado a los gazatíes a no cooperar con esta fundación, aduciendo que forma parte de un plan israelí de “migración voluntaria” que la comunidad palestina y buena parte del mundo han rechazado como una “expulsión forzada”. La fundación, en respuesta, denunció amenazas de muerte y aseguró que las presiones de Hamás no detendrán la entrega de alimentos a la población necesitada.

En medio de este conflicto, la Fundación Humanitaria de Gaza mantiene su promesa de incrementar diariamente el número de camiones de ayuda. Aun así, persisten las dudas sobre el origen de los fondos, el rol de antiguos funcionarios militares y el verdadero impacto de este nuevo canal de ayuda humanitaria en el territorio más asediado del mundo.