El presidente Donald Trump dio un paso drástico en la relación económica con Brasil al anunciar que, a partir del 1.º de agosto, impondrá un arancel general del 50 % sobre todas las importaciones provenientes de la nación sudamericana. La medida, presentada en una carta oficial dirigida al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, se condiciona al trato jurídico que Brasil dispensa al expresidente Jair Bolsonaro, actualmente procesado por presunta conspiración en un intento de golpe de Estado.

En su misiva, Trump deja claro que dicho gravamen será independiente de cualquier tasa sectorial ya establecida y sostiene que incluso ese 50% “es inferior a lo necesario para garantizar igualdad de condiciones” en el intercambio comercial bilateral. No obstante, según datos oficiales, Estados Unidos ha registrado un superávit de más de 410 000 millones de dólares en sus transacciones con Brasil durante los últimos 15 años, pese a que, en el primer semestre de 2025, el intercambio totalizó 41 700 millones USD: 21 695 millones en importaciones estadounidenses y 20,021 millones en exportaciones brasileñas.

La respuesta de Lula no se hizo esperar. El presidente brasileño advirtió que la alza arancelaria activará de inmediato la Ley de Reciprocidad Económica, facultando a Brasil para suspender convenios de comercio, inversión y propiedad intelectual con cualquier país que ponga en riesgo su competitividad. “Brasil es un Estado soberano con instituciones independientes; no aceptaremos injerencias externas”, subrayó, recordando que “no queremos un emperador” —en alusión a las críticas de Trump durante la cumbre del BRICS, donde el estadounidense amagó con sancionar a cualquier país emergente que se opusiera a sus políticas.

La Confederación Nacional de la Industria de Brasil calificó el arancel del 50% como “arbitrario y políticamente motivado”, argumentando que no existen fundamentos económicos que lo justifiquen. La decisión de Trump se enmarca en una serie de medidas similares contra otras naciones: en días recientes, Estados Unidos ha extendido tarifas adicionales a Japón, Corea del Sur, Filipinas, Brunei y varios países más.

Con este movimiento, la segunda mayor economía de Latinoamérica —solo detrás de China como socio comercial de EE.UU.— enfrenta ahora un escalamiento que podría afectar cadenas de suministro, inversiones y precios de consumo en ambos mercados, mientras líderes de ambos países evalúan los pasos de una disputa que ya trasciende lo diplomático para colocarse en el terreno de la confrontación económica.