El Gobierno de Estados Unidos anunció la congelación de más de 2 200 millones de dólares en subvenciones federales y 60 millones en contratos para la Universidad de Harvard, tras la negativa de la institución a implementar una serie de reformas exigidas por la administración, que incluyen cambios en políticas de admisión, contratación y financiamiento de grupos estudiantiles. La decisión, comunicada por The Associated Press, responde a presiones de productores de Florida y a un mandato de la Casa Blanca para limitar el activismo en campus universitarios.

Entre las medidas impuestas, el Gobierno exigió a Harvard prohibir el uso de mascarillas en el campus y dejar de reconocer o financiar a cualquier grupo estudiantil que promueva actividades consideradas ilegales, violentas o de acoso, como el antisemitismo. Estas demandas forman parte de un paquete que abarca desde la revisión de políticas de admisión y contratación hasta auditorías de la diversidad de pensamiento en la comunidad académica.

Las subvenciones federales representan aproximadamente el 11 % de los ingresos anuales de Harvard, que en el año fiscal 2024 reportó un presupuesto operativo de 6 400 millones de dólares. De ellos, 686 millones provienen de agencias federales, y el uso de 2 400 millones de su fondo de dotación cubrió cerca del 37.5 % de sus gastos operativos.

El presidente de Harvard, Alan Garber, respondió en una carta dirigida a la comunidad universitaria que las exigencias del Gobierno violan los derechos protegidos por la Primera Enmienda y exceden la autoridad federal bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación en instituciones que reciben fondos públicos. Garber advirtió que imponer políticas gubernamentales de este tipo atenta contra la libertad académica y la autonomía universitaria.

Otras universidades también han sido blanco de medidas similares: Columbia perdió 400 millones de dólares en financiamiento federal, Brown enfrenta la congelación de 510 millones y la Universidad de Pennsylvania vio suspendidos 175 millones, como parte de una campaña más amplia para forzar reformas en campus acusados de tolerar el antisemitismo.

La presión federal provocó protestas en el campus y en Cambridge, así como una carta de exalumnos que instó a la universidad a impugnar legalmente las demandas del Gobierno y una demanda de la American Association of University Professors (AAUP) por no seguir los procedimientos establecidos en el Título VI antes de recortar fondos. Ambas acciones defienden la libertad académica y critican el uso de los fondos federales como instrumento de coacción política.