El gobierno de Irán endureció su postura frente a Estados Unidos y advirtió que responderá con ataques a bases militares estadounidenses en la región si Washington emprende una ofensiva contra territorio iraní. La advertencia fue emitida por el ministro de Defensa iraní, Aziz Nafizardeh, quien señaló que cualquier instalación de EU —o de países que respalden una acción militar— será considerada objetivo legítimo.

De acuerdo con la agencia Mehr, el funcionario afirmó que la respuesta iraní sería “dolorosa” en caso de un ataque. El mensaje llega tras amenazas reiteradas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha planteado la posibilidad de acciones militares contra Irán en el contexto de las protestas internas que se han extendido por el país.

Trump también ha incrementado la presión económica, con aranceles del 25% a socios comerciales de Irán. Además, Teherán ha recordado un episodio de confrontación previo, cuando en junio se registró un ataque contra instalaciones nucleares iraníes atribuido a Estados Unidos, que —según autoridades iraníes— provocó numerosas víctimas civiles; en respuesta, Irán lanzó un ataque contra una base estadounidense en Catar, con consecuencias limitadas.

En paralelo, la situación interna en Irán se mantiene tensa. Este miércoles se realizaron funerales de más de un centenar de integrantes de fuerzas de seguridad fallecidos durante las protestas iniciadas el 28 de diciembre, con una procesión desde la Universidad de Teherán hasta el cementerio de la capital. Medios oficiales llamaron a la movilización ciudadanapara proyectar unidad, mientras el gobierno responsabiliza a Estados Unidos e Israel de alentar las manifestaciones.

Las exequias se desarrollaron mientras el país retomaba gradualmente la normalidad tras cortes de comunicaciones y un amplio despliegue policial, especialmente en Teherán. Las protestas alcanzaron su punto más alto la semana pasada, con ataques a edificios públicos, bancos y la quema de decenas de mezquitas, según fuentes oficiales. Por su parte, Human Rights Activists informó que habría 1,850 personas fallecidas, incluidos nueve menores, y más de 16,700 detenciones en poco más de dos semanas de movilizaciones.