Un juez federal frenó temporalmente las deportaciones exprés ordenadas por la administración de Donald Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, dirigidas contra migrantes acusados de vínculos con la organización criminal Tren de Aragua. El magistrado James Boasberg exigió el retorno a EE.UU. de aviones en vuelo con deportados y bloqueó las expulsiones por 14 días, argumentando "daño irreparable" para los afectados. La medida responde a una demanda de la ACLU, que calificó el uso de la ley como "sin precedentes" en contextos no bélicos.

La Ley de Enemigos Extranjeros, invocada solo tres veces en la historia de EE.UU. durante guerras mundiales, fue usada por Trump para acelerar deportaciones exprés sin garantías procesales. Boasberg cuestionó su aplicación actual, ya que el gobierno no demostró que el Tren de Aragua represente una "invasión" o amenaza bélica. "Un breve retraso en las deportaciones no perjudica al Estado", declaró el juez, mientras la ACLU denunció que criminalizar migrantes no justifica usar una norma diseñada para conflictos armados.

La proclamación de Trump, publicada horas antes del fallo, catalogó al Tren de Aragua como "organización terrorista" y ordenó detener y deportar a sus presuntos integrantes. Sin embargo, el juez Boasberg amplió su bloqueo inicial a una clase de migrantes bajo custodia, señalando que las deportaciones violarían derechos básicos. La ACLU destacó que la ley se usó históricamente para el internamiento japonés en la Segunda Guerra Mundial, un precedente que hoy genera alerta entre defensores de derechos humanos.

El Gobierno de Trump apeló la decisión ante la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington, insistiendo en su autoridad para aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros. Mientras, organizaciones como Democracy Forward respaldan el fallo, advirtiendo que normalizar su uso abriría la puerta a abusos contra migrantes. Con una audiencia programada para fines de mes, el caso podría definir límites legales a deportaciones masivas y reavivar el debate sobre el legado de leyes históricas en políticas migratorias actuales.