El presidente Nicolás Maduro anunció este lunes la activación de un plan que, según su mensaje televisado, implicará la movilización de más de 4.5 millones de milicianos en todo el territorio venezolano, una medida que el Ejecutivo presentó como parte de una estrategia de «seguridad» y «paz» frente a lo que describió como amenazas externas.

El anuncio de Maduro coincide con un aumento significativo de la presión estadounidense: el Gobierno de EE. UU. elevó la recompensa por información que conduzca a la detención o condena del mandatario hasta 50 millones de dólares, según documentos oficiales difundidos por el Departamento de Estado. Asimismo, fuentes informaron del envío de destructores estadounidenses que se aproximan a aguas del Caribe frente a la costa de Venezuela, en el marco de operaciones regionales contra el narcotráfico.

En su intervención, Maduro instruyó a las milicias a permanecer “preparadas, activadas y armadas” y dijo que la cobertura se organizaría “por sectores” a lo largo del territorio, sin precisar la distribución regional ni los detalles operativos del despliegue. El Gobierno venezolano ha defendido la acción como una respuesta preventiva ante lo que califica como intentos de desestabilización externa.

La escalada diplomática y de seguridad se enmarca también en acciones financieras y legales contra el entorno del Ejecutivo venezolano: en semanas recientes autoridades estadounidenses informaron el decomiso de bienes por cientos de millones de dólares vinculados a altos funcionarios afines al gobierno, en el contexto de investigaciones sobre narcotráfico y corrupción.

Además de la movilización miliciana, Maduro acusó a organizaciones y fundaciones extranjeras de financiar grupos que, dijo, simulan ser de izquierda para «atacar desde adentro» al chavismo; aseguró que estas supuestas redes están siendo investigadas por las autoridades. Esas declaraciones forman parte de la narrativa oficial que vincula presuntas amenazas internas y externas con la necesidad de reforzar la seguridad en el país.

Analistas y observadores internacionales señalan que el cruce de acciones —recompensa estadounidense, presencia naval en la región y la respuesta militarizada del Gobierno— puede tensar aún más la situación política y de seguridad en Venezuela, en un contexto ya marcado por la crisis económica, social y acumuladas denuncias por violaciones a derechos humanos. Las próximas semanas serán determinantes para advertir si la disputa escala en el plano diplomático o se traduce en mayores medidas operativas por ambas partes.