El caso de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada del departamento donde había vivido durante más de 70 años, se convirtió en el detonante de una nueva ola de protestas por la crisis de vivienda en España. Aunque este martes se confirmó un acuerdo que permitirá su regreso, las organizaciones de inquilinos sostienen que el problema trasciende su situación personal.

El sábado 26 de septiembre, alrededor de 25 mil personas se manifestaron en Madrid, de acuerdo con cifras de la Delegación del Gobierno. Cerca de 500 participantes instalaron posteriormente un campamento en la Puerta del Sol, donde organizaron asambleas, talleres, discursos y actividades culturales para mantener la presión sobre las autoridades.

Las movilizaciones reclamaron cambios en las reglas que regulan los alquileres y desahucios, además de medidas para facilitar el acceso a la vivienda y limitar determinadas prácticas del mercado inmobiliario.

El desalojo que encendió las protestas

María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, tuvo que abandonar la semana pasada el inmueble ubicado en el distrito madrileño de Retiro donde residía como inquilina desde hacía décadas.

El desalojo provocó una fuerte reacción entre colectivos de vivienda y organizaciones sociales. Durante las protestas aparecieron mensajes como “Todos somos Maricarmen”, junto con demandas contra el denominado rentismo y llamados a fortalecer la protección de los arrendatarios.

El Sindicato de Inquilinas sostuvo que el caso evidenció las dificultades que pueden enfrentar personas vulnerables ante la falta de mecanismos suficientes para garantizar su permanencia en una vivienda.

Un acuerdo permitirá su regreso

Este martes, sin embargo, la situación de Maricarmen dio un giro. La mujer aceptó el acuerdo alcanzado entre sus representantes y Urbagestión, empresa propietaria del inmueble.

El pacto contempla un nuevo contrato de alquiler por ocho años. La renta no podrá superar el 30% de sus ingresos netos y rondaría los 500 euros mensuales, una cantidad similar a la que pagaba anteriormente.

Maricarmen permanece hospitalizada en el Hospital Gregorio Marañón y regresará a su vivienda cuando reciba el alta médica. Sus pertenencias continúan en el inmueble, por lo que no tendría que realizar una nueva mudanza.

Su abogada, Beatriz Duro, confirmó que la mujer aceptó las condiciones y se mostró satisfecha con el resultado.

La movilización continúa pese al acuerdo

El regreso de Maricarmen no puso fin a las protestas. El Sindicato de Inquilinas ha señalado que las movilizaciones buscan cambios estructurales y no únicamente resolver el caso de la mujer de 87 años.

Las organizaciones reclaman mayores garantías para los inquilinos y medidas que permitan enfrentar el incremento de las dificultades para acceder y permanecer en una vivienda.

La presión social coincide además con una nueva intervención del Gobierno español. Este martes, el Consejo de Ministros aprobó dos reales decretos ley relacionados con vivienda, después de un acuerdo entre el PSOE y Sumar.

De esta manera, el caso que comenzó con el desalojo de una mujer que llevaba siete décadas en el mismo hogar terminó convirtiéndose en uno de los rostros más visibles de una discusión nacional sobre vivienda, alquileres y protección de los inquilinos en España.