Colombia aún no se recupera del impacto que dejó el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado sábado en Bogotá. El ataque, captado por asistentes y cámaras de seguridad, mostró cómo un joven de apenas 14 años se infiltró entre la multitud durante un mitin político y disparó varias veces al dirigente, hiriéndolo de gravedad en la cabeza.

El presunto agresor fue detenido tras una breve persecución. La Policía lo alcanzó luego de herirlo en una pierna mientras intentaba escapar del lugar. Durante su aprehensión, según los videos que han circulado ampliamente en redes sociales, el menor exclamó: “Perdón, lo hice por plata, por mi familia” y ofreció revelar a sus cómplices.

Las autoridades colombianas confirmaron que el atacante será procesado por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, señaló que se trata de un sicario a sueldo, un eslabón dentro de una red criminal más amplia aún por identificar. Aunque se trata de un menor de edad, la gravedad del caso ha generado una ola de indignación nacional, especialmente al saberse que había sido parte de programas estatales diseñados para alejar a jóvenes vulnerables de la violencia.

El menor, cuya identidad se mantiene en reserva, vivía con una tía en un barrio empobrecido del occidente de Bogotá. Tras la muerte de su madre y la ausencia de su padre —quien se encuentra supuestamente en Polonia como voluntario en la guerra de Ucrania—, quedó prácticamente sin red de apoyo. En mayo fue incorporado al programa Jóvenes en Paz, iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro para ofrecer alternativas a jóvenes en riesgo. Sin embargo, abandonó el programa tras no asistir a las actividades ni integrarse socialmente, de acuerdo con los informes oficiales.

Durante los registros en su vivienda, las autoridades buscaron indicios que vinculen el ataque con estructuras de microtráfico que operan en su barrio, donde se han identificado varias “ollas” o puntos de venta de droga. Todo apunta a que el menor fue reclutado por estos grupos criminales para ejecutar el atentado.

El debate sobre su tratamiento judicial se ha intensificado. Aunque sectores de la sociedad exigen que sea juzgado como adulto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha recordado que la ley protege los derechos de los menores, incluso cuando cometen delitos graves. Según la legislación colombiana, el joven podría enfrentar hasta ocho años de reclusión en un centro especializado para adolescentes, no en una cárcel convencional.

Astrid Cáceres, directora del ICBF, informó que el menor ha mostrado disposición a colaborar con la justicia y que ya se han tomado medidas para garantizar su seguridad durante el proceso. Será imputado oficialmente en los próximos días, una vez que el equipo médico lo considere apto para asistir a la audiencia.

El atentado ha reavivado la discusión sobre la violencia juvenil, la efectividad de los programas sociales y la urgente necesidad de reforzar las políticas públicas para prevenir la instrumentalización de menores por el crimen organizado. Mientras tanto, Miguel Uribe permanece bajo atención médica especializada y su equipo político ha condenado el hecho como un atentado contra la democracia.