El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la suspensión inmediata del proceso de transición con el gobierno del mandatario saliente, Gustavo Petro, al señalar que éste no ha reconocido el resultado de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 21 de junio.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, De la Espriella informó que instruyó al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a detener el empalme con la administración saliente. El presidente electo sostuvo que su prioridad es garantizar una transición institucional en favor del país y anunció que este martes ofrecerá un mensaje para explicar las razones de la decisión.

Restrepo afirmó que la suspensión responde a las declaraciones recientes de Petro, quien ha insistido en cuestionar la legitimidad del resultado electoral. El vicepresidente electo aseguró que millones de ciudadanos respaldaron el cambio de gobierno y sostuvo que ese mandato debe ser respetado.

En los últimos días, Petro endureció su postura al reiterar que no reconoce la victoria de De la Espriella. El mandatario saliente ha denunciado un presunto fraude durante el proceso electoral y ha señalado, sin presentar pruebas públicas, que existieron irregularidades relacionadas con el escrutinio de los votos.

Además, Petro afirmó que el verdadero ganador de la elección fue Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, quien fue derrotado en la segunda vuelta presidencial.

Las acusaciones contrastan con la posición expresada por misiones de observación electoral, que tras los comicios reconocieron el trabajo de las autoridades electorales colombianas y destacaron el desarrollo del proceso.

Pese a la suspensión del empalme, Restrepo aseguró que el equipo del gobierno entrante continuará recopilando información sobre el estado de la administración pública con el objetivo de conocer las condiciones en que recibirá el país y documentar los asuntos que deberán atenderse a partir del próximo 7 de agosto.

De la Espriella ha sostenido que la transición no debe limitarse al intercambio de información administrativa, sino que también debe servir para revisar la situación financiera e institucional del Estado y detectar posibles irregularidades antes del cambio de gobierno.