Al menos 8 mil nuevos documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein fueron publicados en el sitio oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que reavivó el debate político y social en torno a la transparencia y el presunto encubrimiento de actores poderosos vinculados al exfinanciero neoyorquino.

Desde el martes 23 de diciembre de 2025, los archivos ya están disponibles e incluyen cientos de videos y audios, así como imágenes de vigilancia fechadas en agosto de 2019, periodo en el que Jeffrey Epstein fue hallado muerto en su celda en una prisión federal.

La publicación ocurre tras semanas de presión legislativa, luego de que el Congreso de Estados Unidos aprobara casi por unanimidad la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA), que obligaba al Ejecutivo a liberar la totalidad de los documentos antes del viernes pasado. Sin embargo, organizaciones de víctimas denunciaron que solo una fracción del material fue difundida, con tachaduras calificadas como “anómalas y extremas”.

Legisladores denuncian protección a figuras poderosas

Las críticas escalaron rápidamente en el Capitolio. Los copatrocinadores de la EFTA, el demócrata Ro Khanna y el republicano Thomas Massie, advirtieron que podrían presentar cargos por desacato contra la fiscal general Pam Bondi, al considerar que el Departamento de Justicia incumplió la ley.

Khanna acusó públicamente a la dependencia de proteger a hombres ricos y poderosos que no enfrentaron cargos en el caso, mientras que el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, presentó una resolución para emprender acciones legales contra la administración federal, calificando la situación como una “operación clara de encubrimiento”.

Las críticas también alcanzan al expresidente Donald Trump, a quien sectores de la oposición señalan como presuntamente beneficiado por la falta de transparencia, debido a su antigua relación personal con Epstein.

Respuesta oficial: protección a víctimas

Desde el Departamento de Justicia, el fiscal general adjunto Todd Blanche rechazó las acusaciones y atribuyó el retraso a la necesidad de proteger la identidad de más de mil víctimas, lo que —según su versión— obligó a realizar procesos exhaustivos de censura antes de la publicación.

Blanche negó categóricamente que exista un intento de proteger a figuras políticas o empresariales y sostuvo que la prioridad institucional es evitar la revictimización de quienes fueron afectadas por la red de abusos atribuida a Epstein.

Mientras tanto, la difusión parcial de los archivos mantiene abierto el conflicto entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo y los colectivos de víctimas, que exigen la liberación íntegra y sin censura indebida de uno de los casos más sensibles en la historia judicial reciente de Estados Unidos.