El gobierno de Estados Unidos informó que una acción militar en aguas internacionales “frente a la costa de Venezuela” dejó como resultado la muerte de seis personas a bordo de una embarcación, según un mensaje publicado por el presidente Donald Trump en redes sociales. El comunicado presidencial aseguró que la tripulación transportaba drogas y que el ataque fue autorizado bajo las facultades del comandante en jefe.

Las autoridades estadounidenses han difundido un video de la operación; en su publicación el mandatario y miembros del Ejecutivo sostienen que la embarcación estaba vinculada a redes de “narcoterrorismo” y transitaba por una ruta conocida de contrabando. El gobierno ha presentado estas acciones como parte de una campaña más amplia contra grupos que, según sus mensajes oficiales, son tratados como combatientes ilegales.

Medios y observadores señalan que este ataque es el quinto reportado por el Ejército de Estados Unidos en el Caribe desde el 2 de septiembre; en total, conforme a los recuentos periodísticos, en estas operaciones habrían muerto 27 personas. Ese cómputo y la naturaleza de los blancos han alimentado cuestionamientos sobre el alcance y la justificación jurídica de las acciones.

Expertos, ONGs y algunos legisladores han calificado las ejecuciones sumarias como potenciales violaciones al derecho internacional y a normas de derechos humanos, porque —dicen— el uso letal de la fuerza contra personas que no actúan como combatientes en el momento del ataque requiere explicaciones jurídicas detalladas y autorización legislativa cuando corresponda. Además, críticos han pedido transparencia sobre la evidencia que vincularía a las víctimas con el narcotráfico o con organizaciones designadas como terroristas.

El gobierno, por su lado, sostiene que los operativos encajan en una lógica de conflicto con organizaciones dedicadas al narcotráfico y ha presentado ante el Congreso notificaciones justificando las acciones; sin embargo, según reportes, aún no ha divulgado un análisis jurídico público que explique de forma exhaustiva por qué se aplican normas de conflicto armado en estos casos ni cómo se demuestra la amenaza inminente que justificaría el uso de la fuerza. Esa ausencia de explicación ha sido uno de los puntos centrales de la controversia.

La difusión de videos y mensajes oficiales ha generado reacciones internacionales y advertencias sobre el impacto en la cooperación regional contra el crimen organizado. Voces diplomáticas y expertos alertan que estas prácticas podrían tensar relaciones con países del área y afectar el intercambio de información necesario para operaciones conjuntas de inteligencia y seguridad.