La reciente muerte de Alex Pretti, un enfermero de cuidado intensivo, durante un operativo del ICE en Mineápolis ha generado una ola de indignación en Estados Unidos y obligado a la Casa Blanca a modificar su enfoque en la región. Los videos del incidente muestran que agentes federales rociaron con gas pimienta a Pretti y, al ser sometido, uno de los oficiales disparó a quemarropa, provocando un debate nacional sobre el uso de la fuerza y la actuación del gobierno de Donald Trump.

El presidente nombró al zar fronterizo Tom Homan como mediador entre la Casa Blanca y las autoridades locales, incluyendo al gobernador Tim Walz y al alcalde Jacob Frey, en un intento de controlar la narrativa y disminuir la tensión. Además, se informó que algunos agentes federales, incluido el jefe de la Patrulla Fronteriza en Mineápolis, se retirarán temporalmente de la ciudad.

La situación también ha generado cuestionamientos dentro de las propias agencias, donde oficiales actuales y retirados expresan frustración por las tácticas empleadas. Críticos y políticos, incluidos republicanos, han pedido mayor transparencia y evaluación de las operaciones, mientras líderes locales exigen la salida de los 3 mil agentes desplegados en la mayor acción antimigrante hasta la fecha.

Mientras tanto, la resistencia ciudadana se ha fortalecido. Talleres de capacitación para la acción civil pacífica se realizaron a nivel nacional, enseñando a documentar operaciones del ICE, organizar ayuda mutua y aplicar tácticas de presión política no violenta. Organizaciones como Indivisible, Sunrise y la Red Nacional de Organización de Jornaleros promueven estas iniciativas, buscando replicar las lecciones aprendidas en Mineápolis en otras ciudades del país.

El caso de Pretti ha servido como catalizador para la movilización, recordando su última acción de defender a una mujer frente a agresiones del ICE. Activistas enfatizan que la resistencia debe ser estratégica y no violenta, buscando proteger comunidades vulnerables y presionar cambios en las políticas federales.

Este episodio marca un punto de inflexión en la relación entre agencias federales y ciudadanos, evidenciando que la presión popular y la organización civil pueden influir en las decisiones del gobierno incluso en asuntos de seguridad nacional y control migratorio.