La Suprema Corte de Estados Unidos avaló dos decisiones que fortalecen la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. En una jornada de resoluciones clave, el máximo tribunal permitió que el gobierno avance en la revocación de protecciones temporales para cientos de miles de migrantes y respaldó las restricciones para quienes buscan solicitar asilo en la frontera con México.

Las resoluciones representan un importante respaldo judicial a la agenda antimigrante de la administración republicana y podrían impactar a más de un millón de personas que actualmente cuentan con distintos mecanismos de protección migratoria.

Corte avala restricciones al asilo

Uno de los fallos autoriza al gobierno estadounidense a limitar el acceso al procedimiento de asilo para personas que intentan ingresar por la frontera con México.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes advirtieron que la decisión modifica una práctica que durante décadas permitió a quienes huían de persecución, violencia o tortura solicitar protección al llegar a territorio estadounidense.

Erika Pinheiro, directora ejecutiva de la organización Al Otro Lado, sostuvo que la resolución contradice compromisos internacionales y el marco legal estadounidense en materia de refugio.

La decisión fue aprobada por una mayoría de seis votos contra tres. Entre las voces disidentes destacó la jueza Sonia Sotomayor, quien advirtió que impedir el acceso al procedimiento de asilo podría incrementar los cruces irregulares y elevar los riesgos para las personas migrantes.

Migrantes con TPS quedan en incertidumbre

La Suprema Corte también determinó que el Poder Ejecutivo puede revisar y revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS), un mecanismo aprobado por el Congreso para ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias.

Con esta resolución, la administración Trump podrá avanzar en la cancelación del TPS para aproximadamente 350 mil personas originarias de Haití y Siria.

Especialistas estiman que alrededor de 1.3 millones de migrantes de diversos países residen legalmente en Estados Unidos bajo este esquema, por lo que el fallo abre la posibilidad de que más beneficiarios enfrenten procesos de deportación si no existe una intervención legislativa.

Ante este panorama, legisladores demócratas y algunos republicanos trabajan en una propuesta para preservar el TPS de los ciudadanos haitianos. Entre ellos, el congresista republicano Mike Lawler advirtió que eliminar esa protección podría afectar sectores estratégicos como el sistema de salud estadounidense, donde miles de haitianos desempeñan funciones esenciales.

La estrategia migratoria también enfrenta obstáculos

Aunque las decisiones judiciales representan un triunfo para la Casa Blanca, otras acciones de la política migratoria han encontrado resistencia.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó el cierre del centro de detención para migrantes conocido como "Alcatraz de los caimanes", luego de múltiples denuncias sobre las condiciones en las que permanecían las personas detenidas.

Asimismo, en ciudades como Los Ángeles, Mineápolis y Chicago se han reducido algunos operativos federales de inmigración tras las críticas de autoridades locales y organizaciones civiles por presuntos abusos.

En paralelo, un juez federal prohibió que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detengan a personas que acuden a audiencias en tribunales migratorios, una práctica que había sido cuestionada por defensores de derechos humanos.

También trascendió que el Departamento de Seguridad Interna busca vender siete de los once inmuebles adquiridos para operar como centros de detención de inmigrantes, en medio de ajustes a su infraestructura.

Aún faltan decisiones relevantes

La Suprema Corte todavía debe pronunciarse sobre otros temas de alto impacto, entre ellos el intento del gobierno de Trump por eliminar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos.

Especialistas consideran que ese planteamiento enfrenta importantes obstáculos constitucionales debido a la protección establecida por la Decimocuarta Enmienda, que históricamente ha garantizado ese derecho.

Las recientes resoluciones reflejan que la política migratoria continuará siendo uno de los principales frentes de debate jurídico y político en Estados Unidos, con implicaciones tanto para millones de migrantes como para la relación con los países de la región.