La Suprema Corte de Estados Unidos exploró ayer los límites de la ciudadanía por nacimiento al escuchar las apelaciones de emergencia del gobierno de Donald Trump, que pretende negar este derecho a hijos de personas indocumentadas o con estatus temporal. En una sesión de casi dos horas, los jueces expresaron su reticencia a permitir —ni siquiera de forma provisional— la aplicación de la orden ejecutiva que choca con más de 125 años de jurisprudencia sobre la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda.

Durante la audiencia, varios magistrados de la Suprema Corte manifestaron su preocupación por las implicaciones prácticas de restringir la ciudadanía por nacimiento. La jueza Elena Kagan recordó que todas las cortes inferiores han fallado en contra de la orden ejecutiva y advirtió que, de aprobarse el bloqueo de las órdenes judiciales nacionales, miles de familias quedarían expuestas a una doble carga legal: “¿Qué harán los hospitales y los gobiernos estatales con estos recién nacidos?”, planteó el juez Brett Kavanaugh, cuestionando la logística de aplicar la orden en los plazos establecidos.

El gobierno de Trump busca eliminar los mandatos nacionales que paralizan su restricción, argumentando que las órdenes judiciales universales exceden la autoridad de los tribunales de distrito. Sin embargo, jueces liberales como Sonia Sotomayor alertaron sobre el riesgo de dejar a algunos niños en una situación de apatridia, sin ciudadanía ni en EE.UU. ni en los países de origen de sus padres.

La discusión en la Suprema Corte también abordó la coexistencia de reglas contradictorias en estados limítrofes. El Procurador General de Nueva Jersey, Jeremy Feigenbaum, señaló que, sin un fallo uniforme, un bebé nacido en Camden conservaría la ciudadanía, mientras que otro en Filadelfia, a orillas del mismo río Delaware, no.

Como alternativa, algunos jueces propusieron reemplazar las órdenes judiciales nacionales por la certificación de una demanda colectiva que permitiría resolver el fondo de la disputa de forma rápida y con efectos homogéneos en todo el país. No obstante, el gobierno federal deslizó su posible oposición a esta vía.

La audiencia de emergencia también incluyó apelaciones sobre estatutos humanitarios que protegen a miles de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y otras batallas legales de la administración Trump en materia migratoria.

Se espera que la Suprema Corte emita su decisión antes de finales de junio, definiendo así si mantiene el bloqueo a la orden ejecutiva que pretende limitar la ciudadanía por nacimiento o si permite su aplicación, al menos de forma temporal, en todo Estados Unidos.