El gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó el envío de efectivos de la Guardia Nacional de su estado al área metropolitana de Chicago para apoyar operaciones relacionadas con redadas migratorias y la protección de personal federal, una medida que escaló la tensión entre autoridades estatales y municipales de Illinois y el Gobierno federal. El despliegue, que Abbott presentó como el envío de tropas con experiencia en la frontera sur, ha sido criticado por líderes locales y motivó acciones legales para impedir su actuación en territorio estatal.

Fuentes de prensa documentaron la llegada de personal uniformado de la Guardia Nacional de Texas a instalaciones militares cerca de Chicago, donde se instalaron equipos y logística para un periodo inicial de movilización. Las autoridades de Illinois, incluido el gobernador JB Pritzker y el alcalde Brandon Johnson, calificaron el movimiento como una intromisión inconstitucional y presentaron una demanda en tribunales federales para solicitar que se detenga el despliegue. En respuesta, Abbott defendió la medida como necesaria para “proteger funciones y personal federal” en el marco de las acciones migratorias.

El gobernador texano —aliado cercano del presidente Donald Trump— defendió la experiencia de los efectivos movilizados, a quienes describió como parte de un “equipo de élite” con experiencia en operaciones en la frontera y en situaciones de desorden civil. Sus declaraciones aparecieron en entrevistas y comunicados en los que justificó la colaboración interestatal para custodiar instalaciones federales y apoyar la estrategia de detenciones. Paralelamente, líderes demócratas y organizaciones civiles han expresado su rechazo y han subrayado riesgos legales y de derechos humanos asociados al uso de tropas estatales en operativos migratorios fuera de su jurisdicción.

Organizaciones de derechos humanos y reportes previos han señalado, en distintas ocasiones, denuncias contra miembros de la Guardia Nacional de Texas por presuntos abusos en el contexto de operativos en la frontera, incluyendo denuncias por uso excesivo de fuerza y trato inadecuado a personas migrantes. Estas acusaciones forman parte del debate público que rodea la extensión de ese tipo de fuerzas a operaciones en otras entidades. Las autoridades federales y estatales que se oponen al envío advirtieron además sobre la posible erosión de la soberanía estatal y la interferencia con las competencias locales en materia de seguridad pública.

En el plano judicial, los gobiernos de Illinois y la ciudad de Chicago solicitaron ante tribunales federales medidas cautelares para frenar la llegada y actuación de tropas estatales procedentes de Texas; un juez programó audiencias para evaluar la procedencia de las peticiones. Mientras tanto, las tropas permanecen acantonadas con una orden inicial de despliegue por varios días o semanas, según comunicados oficiales y reportes noticiosos. La disputa política y legal agrega una nueva arista a la controversia nacional sobre la estrategia de migración y la utilización de fuerzas armadas estatales en operaciones de orden público dentro de otros estados.