El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó en Washington D. C. la reunión inaugural de su denominada Junta de Paz, un mes después de la firma de su carta fundacional en Davos, Suiza. El encuentro, celebrado el 19 de febrero de 2026, busca establecer líneas de acción para el escenario posterior al frágil alto al fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

Uno de los ejes principales de la agenda es la movilización de recursos económicos para la reconstrucción del territorio y la atención humanitaria. De acuerdo con lo anunciado previamente por Trump, los miembros del organismo han comprometido una bolsa inicial de 5.000 millones de dólares destinada a estos objetivos.

Sin embargo, la convocatoria ha estado marcada por una participación limitada. De los alrededor de 60 países invitados, solo 27 confirmaron su asistencia. En Europa, la adhesión se restringe a Bulgaria, Hungría, Albania y Kosovo, mientras que Italia, Grecia, Chipre, Rumania y la Unión Europea optaron por participar como observadores, sin capacidad de decisión.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue invitada, aunque delegó su representación en la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica. Según voceros comunitarios, el bloque mantiene interrogantes sobre aspectos del estatuto del organismo, inquietud compartida por otros países que declinaron su participación.

El surgimiento de la Junta de Paz también ha generado debate sobre su relación con las Naciones Unidas. Aunque el Consejo de Seguridad aprobó en noviembre de 2025 el organismo con un mandato enfocado en Gaza, algunos gobiernos temen que pueda superponerse a las funciones del sistema multilateral. Francia ha manifestado reservas en este sentido, mientras analistas señalan que el objetivo declarado por Trump de promover la paz global coincide con competencias tradicionales del Consejo de Seguridad.

La carta fundacional del organismo, no obstante, plantea ambiciones más amplias que el conflicto en Gaza, al priorizar la resolución de disputas internacionales en distintos escenarios. Para algunos especialistas y actores institucionales, esta aspiración podría traducirse en nuevas herramientas diplomáticas, siempre que contribuya a la reducción de la violencia en regiones en conflicto.

Otro foco de controversia es el diseño institucional de la Junta. Trump funge como presidente único con facultades para invitar nuevos miembros, vetar decisiones y reorganizar estructuras internas. Bajo su liderazgo operan los Estados integrantes, responsables de definir el presupuesto y negociar acuerdos, así como un Directorio Ejecutivo compuesto por siete figuras seleccionadas por el mandatario estadounidense, encargado de implementar las resoluciones.

Dentro de esta arquitectura destaca el Directorio Ejecutivo para Gaza, que supervisará el Comité Nacional para la Administración de Gaza, organismo previsto para gestionar la administración del territorio en el contexto de la reconstrucción.

El futuro inmediato de la Junta está estrechamente ligado a la evolución del conflicto. El alto al fuego vigente desde octubre de 2025 continúa siendo inestable, con episodios de violencia que afectan a la población civil. Israel mantiene exigencias de seguridad, incluida la desmilitarización de Hamás, mientras el movimiento palestino y otros grupos armados condicionan cualquier acuerdo definitivo al cese permanente de hostilidades, la retirada militar israelí, el levantamiento del bloqueo y garantías para la reconstrucción.

En este contexto, el impacto real de la Junta de Paz dependerá de las decisiones que surjan de su primera reunión y de su capacidad para generar avances concretos en uno de los conflictos más complejos de la agenda internacional.