Una coalición integrada por 25 estados gobernados por demócratas presentó una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump, al considerar que la nueva política de aranceles aplicada por la administración federal rebasa las facultades que le otorga la ley y carece de una justificación legal suficiente.

La acción judicial fue presentada después de que, el pasado 23 de julio, el gobierno estadounidense anunciara la imposición de aranceles generales de entre 10 y 12.5% a importaciones provenientes de 60 socios comerciales de Estados Unidos.

La medida fue adoptada tras investigaciones realizadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que concluyeron que diversos países permiten el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzado dentro de sus cadenas de suministro.

Estados cuestionan el fundamento de los aranceles

En la demanda, los estados argumentan que no existe una relación lógica entre el combate al trabajo forzado y la aplicación de gravámenes comerciales de alcance general.

De acuerdo con el documento judicial, las investigaciones emprendidas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 fueron utilizadas como un mecanismo para ampliar de forma indebida el poder del Ejecutivo en materia arancelaria.

Los demandantes sostienen además que el procedimiento fue acelerado desde su inicio y que estuvo marcado por decisiones preconcebidas, por lo que califican la actuación de la administración como un intento de ejercer un poder arancelario sin los límites establecidos por la legislación.

Continúa la estrategia comercial de Trump

Desde el inicio de su segundo mandato, Donald Trump ha impulsado una política comercial basada en la aplicación de aranceles tanto a países aliados como a competidores, con el argumento de proteger a la economía estadounidense y fortalecer la negociación de nuevos acuerdos comerciales.

La administración también sostiene que varios de sus principales socios, entre ellos la Unión Europea, no aplican estándares equivalentes a los de Estados Unidos en el combate al trabajo forzado dentro de las cadenas de producción.

La disputa legal surge luego de que una primera ronda de aranceles impulsada por Trump fuera anulada por la Corte Suprema de Estados Unidos en febrero. Posteriormente, el gobierno estableció un gravamen global del 10%, el cual concluyó su vigencia en julio y fue sustituido por los nuevos aranceles aplicados bajo la Sección 301, que entraron en vigor el 24 de julio.

En su demanda, los estados recalcan que respaldan las acciones para erradicar el trabajo forzado en cualquier parte del mundo, pero afirman que ese objetivo no puede utilizarse como fundamento para implementar una política arancelaria que, a su juicio, contraviene los límites legales establecidos.