Dos jóvenes de 16 años, reportados como desaparecidos en Jalisco desde mayo pasado, fueron hallados sin vida el 14 de julio en la comunidad de El Pozo, Culiacán, Sinaloa. Ambos portaban uniformes de camuflaje y equipamiento táctico cuando sus cuerpos aparecieron dentro de un vehículo tras un enfrentamiento entre facciones rivales del crimen organizado.

Uno de ellos fue identificado como Carlos Alejandro “N.”, visto por última vez el 20 de mayo en Zapopan; el otro, Paul Alexander “N.”, desaparecido el 10 de mayo en Ixtlahuacán de los Membrillos, cuya identidad oficial quedará confirmada con pruebas de ADN.

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, explicó que la ruta de explotación de estos menores comenzó en redes sociales, donde recibieron una oferta laboral que los condujo a Zacatecas para recibir instrucción táctico-militar.

“Los envían a Zacatecas, allí los adiestran, luego los mueven a Nayarit y finalmente los llevan a Sinaloa”, detalló González de los Santos.

Según testimonios de adolescentes que lograron regresar, diversos cárteles —especialmente las facciones de Los Chapitos y Los Mayos— están incorporando a menores en sus estructuras operativas. Además de Zacatecas y Nayarit, las autoridades han detectado envíos de reclutas a Michoacán, Guerrero y otras regiones.

Este caso no es aislado. El 26 de mayo, tres funcionarios municipales de San Cristóbal de la Barranca fueron detenidos en Tlaquepaque por presuntamente captar a jóvenes para el narco, tras ofrecerles supuestas oportunidades laborales en la nueva central camionera. Entre ellos había un menor de 17 años y un joven de 18, originarios de Michoacán.

La impunidad y la falta de alternativas legitiman el uso de redes sociales como gancho para el reclutamiento de menores, lo que ha generado un alarmante flujo de adolescentes forzados a combatir en territorios ajenos al suyo.