Elementos de la Policía Municipal de Ciudad del Carmen, Campeche, denunciaron que autoridades del ayuntamiento habrían despedido a tres agentes y sancionado a otros tras una protesta para exigir el pago de bonos del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg). Los uniformados aseguran que la medida fue una represalia directa por exigir recursos federales destinados a útiles escolares y vivienda.

La protesta tuvo lugar el pasado 5 de agosto, cuando más de un centenar de policías retrasaron el cambio de guardia y realizaron un paro de labores para exigir información y el pago de apoyos que, según denunciaron, no se han entregado desde hace cuatro años. Medios locales documentaron la movilización y señalaron que los agentes pidieron claridad sobre el destino del dinero federal.

Según versiones de los mismos uniformados, cada apoyo tiene un monto aproximado que oscila entre los 10,000 y 13,000 pesos por elemento, y existiría un universo de alrededor de 250 a 257 policías municipales afectados por el retraso. Tras la manifestación, las autoridades municipales acordaron —según los inconformes— cubrir el pago en un plazo de 24 horas; sin embargo, los agentes denuncian que, al concluir la guardia, varios compañeros recibieron notificaciones de baja y el resto fue enviado a realizar labores de limpieza, deshierbe y descacharrización en las instalaciones del corralón municipal.

Los policías, que pidieron anonimato por temor a represalias, afirmaron que solo exigían el cumplimiento de un derecho derivado de recursos federales y manifestaron su preocupación por la opacidad en el manejo de esos fondos. En distintos reportes locales se recoge la petición de que instancias estatales y federales revisen el destino de los recursos destinados a la seguridad municipal.

Desde el ámbito institucional no se ha difundido, hasta el cierre de esta nota, una versión oficial del ayuntamiento que contradiga o confirme las denuncias específicas de despidos por indicación del presidente municipal. Los hechos han generado llamados entre la sociedad y medios locales para que las autoridades competentes investiguen y garanticen la transparencia en el uso de los recursos del Fortaseg.

¿Qué sigue?

Los propios agentes han solicitado discreción por seguridad, pero la movilización y las denuncias podrían motivar revisiones administrativas o auditorías por parte de instancias estatales o federales encargadas de supervisar el uso de fondos para seguridad pública. Mientras tanto, familiares y compañeros demandan que se respete el debido proceso y que, de comprobarse irregularidades, se sancione a quienes hayan usado indebidamente recursos federales.