Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en el Ayuntamiento de Cuernavaca y reconocido activista social de Morelos, fue asesinado a balazos la tarde del miércoles 4 de noviembre en el poblado de Acapantzingo, en un ataque armado ocurrido poco después de que saliera de las instalaciones del gobierno municipal.

De acuerdo con la información disponible, alrededor de las 16:00 horas Rivas viajaba en un automóvil acompañado de su esposa, cuando sujetos que se desplazaban en una motocicleta se acercaron y dispararon directamente contra él. El funcionario recibió impactos de bala en la cabeza y perdió la vida en el lugar.

Tras el homicidio, la Asociación Cívica Gustavo Salgado Delgado, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y Colonias Unidas condenaron el crimen y exigieron al gobierno estatal, encabezado por Margarita González, esclarecer los hechos y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.

Un regidor crítico de la administración municipal

Gabriel Rivas desarrolló durante años una trayectoria vinculada con las causas sociales en Morelos. Desde su posición como regidor, presidía la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Personas con Discapacidad, además de mantener una postura crítica frente a diversas decisiones del gobierno municipal encabezado por el panista José Luis Urióstegui Salgado.

Entre sus principales señalamientos figuraban la operación de establecimientos sin permisos, la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos y las deficiencias en las estrategias de seguridad.

En agosto pasado, junto con otros integrantes de Morena en el cabildo, denunció la existencia de bares que presuntamente operaban sin licencia de funcionamiento y cuestionó la falta de acciones municipales para clausurarlos, pese a las inconformidades ciudadanas.

También manifestó preocupación por las amenazas atribuidas a grupos criminales que operan en Cuernavaca y señaló la necesidad de mejorar la coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Su última denuncia apuntó a presuntas irregularidades inmobiliarias

Horas antes de su asesinato, Rivas volvió a colocarse en el centro de la discusión política municipal al denunciar presuntas irregularidades relacionadas con proyectos inmobiliarios en distintos puntos de Cuernavaca.

El regidor señaló a la empresa Alto Verde Portenta por promover la construcción de fraccionamientos y torres habitacionales que, según sus acusaciones, habrían recibido facilidades de autoridades municipales.

El activista calificó estas operaciones como parte de un supuesto "cártel inmobiliario". Además, acudió al Tribunal de Justicia Administrativa para cuestionar una resolución de la Cuarta Sala que, de acuerdo con su explicación, favorecía a la compañía y ordenaba al ayuntamiento proporcionar documentación necesaria para continuar con sus proyectos.

Sus señalamientos se sumaron a una serie de cuestionamientos que había realizado sobre el desarrollo urbano y las decisiones de la administración municipal.

Una trayectoria marcada por las exigencias de justicia social

Otra de las causas que distinguieron su actividad fue la exigencia de justicia por el asesinato del activista Gustavo Salgado Delgado, ocurrido en febrero de 2015 en el municipio de Ayala.

Rivas cuestionó durante años que personas presuntamente relacionadas por vínculos familiares o políticos con los responsables materiales del homicidio ocuparan espacios dentro de la administración pública. En febrero de 2025, incluso solicitó a la gobernadora Margarita González la salida de Adelaida Marcelino, entonces titular del Instituto de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Morelos, por presuntos vínculos familiares con los autores materiales del crimen.

También encabezó movilizaciones contra el incremento de la tarifa del transporte público, que pasó de 10 a 13 pesos, y mantuvo exigencias para reducir los costos de servicios como agua potable, electricidad y predial.

Su asesinato ocurre después de una trayectoria de confrontación política y participación en movimientos sociales, por lo que organizaciones civiles demandaron que el homicidio sea investigado y no quede impune.