Ciudad de México.- A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, nuevas líneas de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) han colocado en el centro del caso una serie de restos humanos que fueron localizados durante las primeras pesquisas, pero que no habrían sido estudiados con la profundidad necesaria.

Se trata de fragmentos encontrados en más de una veintena de bolsas, algunas conocidas como “petrosas” por la dureza que adquirieron tras ser expuestas a altas temperaturas. Parte de estos indicios fue localizada en el basurero de Cocula y en el río San Joaquín, mientras otros restos fueron recuperados dentro y en las inmediaciones de la funeraria El Ángel, en Iguala, Guerrero.

Los restos permanecen bajo análisis para determinar su procedencia e identidad. Hasta ahora, no existen resultados que permitan establecer que correspondan a alguno de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

La revisión actual busca determinar también por qué esos indicios quedaron fuera de las principales líneas de investigación. Para los nuevos investigadores, establecer el origen de los fragmentos y reconstruir las circunstancias en las que fueron encontrados podría aportar elementos para replantear hipótesis sobre lo ocurrido durante la llamada noche de Iguala.

La funeraria, bajo nueva revisión

La funeraria El Ángel adquiere especial relevancia dentro de estas pesquisas. El establecimiento tenía desde 2011 una concesión gubernamental para operar el Servicio Médico Forense y contaba con tres hornos crematorios, uno de ellos presuntamente sin registro oficial.

De acuerdo con la información revisada, una de las primeras bolsas con restos humanos fue localizada en 2014 y posteriormente permaneció almacenada durante años en instalaciones vinculadas con el crematorio clandestino. La existencia de más fragmentos ha llevado a los investigadores a profundizar la búsqueda en el inmueble y considerar la posibilidad de que todavía existan restos sin localizar.

El objetivo de los análisis actuales es determinar científicamente a quién pertenecen los fragmentos y establecer si tienen alguna relación con el caso Ayotzinapa.

Una investigación que vuelve sobre sus propios pasos

La revisión de evidencias también contempla declaraciones y elementos que fueron desestimados durante etapas anteriores de la investigación. En ese proceso han surgido cuestionamientos sobre las decisiones tomadas por autoridades, organismos y grupos de expertos que participaron en el esclarecimiento de la desaparición.

Entre los asuntos que vuelven a ser examinados están las relaciones políticas existentes en Guerrero antes de los hechos de 2014, así como los vínculos entre actores que ocupaban posiciones de poder en la entidad.

En particular, las nuevas pesquisas revisan el contexto político del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero y del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, además de las estructuras políticas que tenían presencia en Guerrero.

La investigación permanece abierta y los restos encontrados aún están en proceso de identificación. Por ello, cualquier conclusión sobre su relación con los 43 normalistas deberá sustentarse en los resultados periciales.

A casi 12 años de la desaparición, el caso Ayotzinapa vuelve a concentrar la atención sobre evidencias que permanecieron durante años sin una explicación concluyente. La prioridad ahora es determinar científicamente qué ocurrió con esos restos y si pueden aportar nuevas respuestas sobre el destino de los estudiantes.