Comisión Federal de Telecomunicaciones garantizará conectividad gratuita en las comunidades más alejadas y de difícil acceso, donde hoy viven 10.2 millones de mexicanossin cobertura y 4.4 millones que no pueden costear el servicio pese a tener señal. Este impulso busca cerrar la brecha digital y reconocer el acceso a Internet como un derecho que habilita otros como la educación, la libertad de expresión y la participación ciudadana.

En paralelo, la CFE competirá como agente económico comercial en licitar concesiones de espectro radioeléctrico junto a empresas privadas, sin recibir trato preferencial en el mercado. La norma mantiene el principio de neutralidad de competencia, obligando a la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —con autonomía técnica y presupuestal— a impartir opiniones técnicas, mientras la futura Agencia Antimonopolios resolverá casos de preponderancia y regulaciones asimétricas.

El secretario de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Merino, subraya que la ley genera condiciones adecuadas para la inversión privada, vital en un sector de constante evolución tecnológica. Además, el espectro destinado a uso público respaldará programas sociales como los Programas del Bienestar, ampliando la cobertura de proyectos gubernamentales esenciales.

A pesar de las críticas de la Canieti, que advirtió sobre posibles distorsiones de mercado y conflictos con acuerdos internacionales, la ley conserva salvaguardas: prohíbe el espionaje y la geolocalización sin orden judicial (artículo 183), y establece que los datos de los usuarios —como la CURP— permanecen en manos de los operadores, a disposición de la autoridad sólo bajo autorización judicial.