La Ciudad de México dio un paso histórico al prohibir las corridas de toros que involucren la muerte del animal o el uso de instrumentos punzantes, tras una votación abrumadora de 61 a 1 en el Congreso local. La nueva legislación, denominada “corridas de toros sin violencia”, también limita el tiempo que los toros permanecen en el ruedo. Mientras grupos defensores de los animales y la alcaldesa Clara Brugada (Morena) celebraron la medida como un avance en derechos animales, aficionados y matadores protestaron frente al recinto legislativo, defendiendo la tradición como parte de la identidad cultural.

Este debate revive un conflicto legal iniciado en 2022, cuando un juez capitalino suspendió las corridas por considerar que violaban el derecho a un ambiente libre de violencia. Aunque la Suprema Corte revocó la prohibición en 2023, la presión social llevó a replantear la práctica. La Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia advierte que el sector genera más de 80,000 empleos directos, mientras activistas destacan que anualmente mueren 180,000 toros en el mundo por esta actividad.

Durante las protestas, simpatizantes de la tauromaquia rompieron barricadas y exhibieron carteles con lemas como “Ser aficionado no es delito”. En contraste, Brugada enfatizó que la capital busca erradicar el maltrato animal: “Seremos una ciudad que respeta la vida”, declaró. La ley busca un equilibrio entre preservar festejos tradicionales y adaptarlos a estándares éticos modernos, aunque sin consenso entre los bandos.

La decisión reabre el dilema entre tradición y bienestar animal en México, país donde la “fiesta brava” atrae a millones. Aunque la medida no prohíbe totalmente las corridas, establece parámetros inéditos que podrían influir en otras entidades. Analistas prevén desafíos legales y económicos, especialmente en plazas como la Monumental —la más grande del mundo—, cuya reapertura en 2023 había reactivado la polémica.