La Agencia de Intervención Ambiental de Estados Unidos (EIA) acaba de documentar uno de los flujos ilícitos más voluminosos de mercurio en la historia contemporánea: desde abril de 2019 hasta junio de 2025, aproximadamente 200 toneladas de este metal pesado han sido contrabandeadas desde minas protegidas de Querétaro (Cristo Vive, El Mono, La Fe y La Peña) hacia Bolivia, Perú y Colombia.

El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha diversificado sus ganancias, incorporando el tráfico de mercurio —valorado en más de 8,000 millones de dólares— como una fuente clave de financiamiento para la minería ilegal de oro en Sudamérica.

Según el reporte “Traficantes no dejan piedra sin levantar”, la operación se apoya en fortificaciones de alta seguridad instaladas a finales de 2023: puertas reforzadas, torres de vigilancia con cámaras y guardias armados de alto calibre. Un kilo de mercurio se cotiza en 330 dólares, lo que ha desatado una “fiebre del mercurio” entre mineros artesanales, quienes requieren el metal para amalgamar partículas de oro y luego separar el mineral por combustión, una práctica que genera casi el 40% de las emisiones globales antropogénicas de mercurio.

El contrabando se facilita con un esquema de ocultamiento ingenioso: bolsitas de grava cargadas con cuatro toneladas de mercurio líquido se introducen en contenedores de 20 toneladas, declarados falsamente como “material de construcción” o “piedras decorativas”.

De los 50 embarques sospechosos identificados por la EIA, 37 tenían destino a Perú, 10 a Colombia y 3 a Bolivia. En un caso reciente, aduanas peruanas interceptaron en el Callao un envío de 20 toneladas de grava que contenía casi media tonelada de mercurio puro.

Más allá del impacto ambiental, el CJNG utiliza el oro obtenido para lavar dinero, aprovechando su alto valor, portabilidad y la facilidad para fundirlo en pequeñas piezas de joyería de apariencia “doméstica”.

Expertos de la Coalición para la Responsabilidad Financiera y la Transparencia Empresarial (FACT) advierten que este flujo de capital alimenta otras actividades delictivas y escapa a los controles del Convenio de Minamata. Aunque México cuenta con una prórroga de extracción de mercurio hasta 2032, el informe subraya que las exportaciones ilegales desafían el objetivo de eliminar gradualmente la producción y ponen en riesgo ecosistemas y comunidades a lo largo de América Latina.