Guadalajara, Jalisco. La decisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de atraer la investigación sobre presuntas torturas cometidas contra manifestantes detenidos el 11 de octubre en Casa Jalisco abrió una nueva etapa en el caso, mientras víctimas y representantes legales esperan que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

La abogada y activista Alejandra Cartagena, quien acompaña la defensa de personas procesadas por los acontecimientos de esa jornada, señaló que ha recopilado testimonios coincidentes sobre agresiones físicas, amenazas e intimidaciones contra los detenidos dentro de la residencia oficial del gobernador.

De acuerdo con la defensora, algunas personas denunciaron que policías les tomaron fotografías de manera reiterada, les retiraron identificaciones y retuvieron o devolvieron dañados sus teléfonos celulares. Además de las lesiones que reportan, dijo, los afectados enfrentan temor por lo ocurrido.

Alejandra Rivas, una de las manifestantes detenidas, relató que fue trasladada por policías al interior del inmueble y que ahí recibió golpes, incluso con una macana, mientras era insultada y amenazada. La mujer describió la experiencia como un episodio de violencia que la dejó en estado de shock.

Rivas también cuestionó la intervención de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). Según su testimonio, los funcionarios que acudieron al lugar únicamente solicitaron datos personales, sin tomar una declaración sobre las agresiones que, asegura, había sufrido.

Estos señalamientos forman parte de las denuncias que deberán ser investigadas para establecer qué ocurrió durante las detenciones y si existieron violaciones a los derechos humanos.

Protestas por el agua y denuncias de uso excesivo de la fuerza

La movilización del 11 de octubre reunió a ciudadanos que exigían respuestas ante los problemas de abastecimiento y calidad del agua en Jalisco. La jornada terminó con enfrentamientos, detenciones y daños materiales frente a Casa Jalisco.

El gobierno estatal reportó 39 personas detenidas durante los acontecimientos. En una audiencia celebrada el 16 de octubre en Puente Grande, un juez vinculó a proceso a cuatro manifestantes, de acuerdo con la información proporcionada.

El gobernador Pablo Lemus reconoció públicamente que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustificadas durante la intervención policial. Posteriormente, ante una segunda movilización, realizada el 18 de octubre, aseguró que se habían ajustado los protocolos de acompañamiento y seguridad para reducir los enfrentamientos y permitir el ejercicio del derecho a la protesta.

La segunda marcha congregó, según la información difundida, a cerca de 12 mil personas que reclamaron soluciones a la problemática del agua y expresaron su rechazo al gobierno estatal.

Sin embargo, después de que concluyó la movilización pacífica, se registraron nuevos actos violentos y daños en edificios públicos, además de afectaciones a comercios del Centro Histórico. Lemus informó inicialmente de cinco detenidos y posteriormente actualizó la cifra a diez. El mandatario atribuyó los disturbios a un grupo de choque y sostuvo que existían intereses políticos detrás de los hechos, una interpretación que corresponde a su declaración pública.

CNDH señala posibles infiltraciones y cuestiona respuesta estatal

La CNDH también expresó sospechas sobre la participación de personas que podrían haberse infiltrado en las manifestaciones. El organismo señaló que la ausencia de denuncias o reclamaciones de familiares y organizaciones por las diez detenciones relacionadas con la segunda protesta le resultaba inusual y que esa circunstancia sería objeto de revisión.

Asimismo, afirmó haber documentado indicios de que personas infiltradas participaron en la primera movilización y habrían tenido coordinación con autoridades, aunque la versión oficial las ubicó fuera del operativo policial. Estas afirmaciones requieren esclarecerse mediante la investigación correspondiente.

Otro punto de controversia es la actuación de la CEDHJ. De acuerdo con el organismo nacional, la comisión estatal no respondió a una solicitud de reunión ni entregó documentación que consideraba relevante para investigar las presuntas detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza.

La atracción del caso por parte de la CNDH coloca en el centro la necesidad de esclarecer las denuncias, revisar los procedimientos de detención y determinar si hubo responsabilidades por parte de servidores públicos.

La calidad del agua, origen de la inconformidad ciudadana

Las movilizaciones tienen como trasfondo las denuncias sobre el suministro de agua en Guadalajara y otras zonas de Jalisco. Según la Comisión Estatal del Agua, alrededor del 15 por ciento de las colonias atendidas por el organismo ha registrado falta total del servicio, lo que representa entre 240 y 270 demarcaciones, de acuerdo con los datos proporcionados.

A estas dificultades se suman reportes de organizaciones vecinales y del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), que han documentado muestras de agua con baja cloración, presencia de materia fecal y metales pesados. Estos señalamientos han motivado solicitudes de alerta sanitaria y reclamos para conocer los riesgos potenciales para la población.

La investigación sobre los presuntos abusos en Casa Jalisco y las exigencias relacionadas con el agua representan dos frentes de una misma coyuntura de tensión social en Jalisco. El esclarecimiento de las denuncias, la transparencia en la información sobre la calidad del agua y la rendición de cuentas de las autoridades serán fundamentales para responder a las demandas ciudadanas.